miércoles , 23 de octubre, 2019

Aclaran que no cualquier enfermedad amerita una prisión domiciliaria

El TSJ de San Luis rechazó el pedido de prisión domiciliaria al interno que padece infección en el aparato urinario argumentando que dicha patología puede ser tratada dentro del Servicio Penitenciario.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis rechazó el pedido de prisión domiciliaria a un interno que padece una infección en el aparato urinario, ya que los profesionales médicos afirmaron que la dolencia puede ser asistida en las áreas de salud del Servicio Penitenciario.

De esta forma, el tribunal integrado por los jueces Carlos Alberto Cobo, Martha Raquel Corvalán y Lilia Ana Novillo, aclaró que no cualquier enfermedad amerita una prisión domicialiria.

En su fallo, el máximo tribunal provincial argumentó que “los certificados médicos demuestran que no se halla configurada la inconveniencia del encierro carcelario para el tratamiento de la dolencia, ya que los profesionales intervinientes afirmaron que puede ser asistido en su enfermedad en las áreas de salud del Servicio Penitenciario, y el juez de instrucción ha requerido que se arbitren las medidas necesarias para efectuar el control y seguimiento de las enfermedades crónicas del imputado”.

Según el informe de la Junta Médica, el condenado “presenta enfermedades crónicas, como: glaucoma, miopía, infección pulmonar, urolitiasis” cuyos cuadros “requieren de tratamiento y seguimiento en forma regular, para su control”. Además, determinó que “presenta una hernia inguinal, que requiere evaluación por cirugía general para determinar conducta a seguir (si es de tratamiento quirúrgico). Además, análisis de ACE (antígeno carcinoembrionario), que es un estudio de laboratorio que al presentar valores elevados requiere su estudio para determinar si se puede llegar a un diagnóstico, ya que puede corresponder a muy variadas patologías como fueron descriptas anteriormente”.

Sin embargo, el cuerpo médico concluyó que el acusado “puede continuar alojado en el Servicio Penitenciario, mientras se le realicen los estudios y controles correspondientes de acuerdo a las patologías que presenta”.

Además, en los fundamentos para denegar el beneficio, la ministra Corvalán remarcó que “se han autorizado interconsultas médicas particulares, a costa del procesado, tal surge de autos principales, lo que equivaldría para el imputado una suerte de control y/ó garantía sobre la actividad médica desarrollada por el Servicio de Sanidad del S.P. P. En el caso de autos, la detención no impide el acceso del interno a servicios de salud ni le impide tratar adecuadamente su dolencia, como así tampoco, corresponde su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.

Asimismo, remarcó que “las resoluciones que deniegan la prisión domiciliara y su confirmación por el Tribunal, se encuentran debidamente motivadas en los respectivos certificados médicos, tal cual lo exige la normativa aplicable, que demuestran que en el caso no se halla configurado el presupuesto de ley, esto es, la inconveniencia del encierro carcelario para el tratamiento de las dolencias del imputado. En efecto, contrariamente a lo que postula el recurrente, los profesionales intervinientes afirmaron que el interno puede ser asistido en su enfermedad en las áreas de salud del Servicio Penitenciario”.

“Debe recordarse en este sentido, que la enfermedad no habilita per se el encierro domiciliario: la ley autoriza esta excepcional modalidad en aquellos casos en que a la afección de la salud se suma un plus, consistente en la obstaculización del adecuado tratamiento e inviabilidad del alojamiento en un establecimiento hospitalario”, agregó la magistrado en su voto, al que adhirieron Novillo y Cobo.

Finalmente, la jueza remarcó que “el juez de instrucción le ha requerido al responsable del Servicio Penitenciario Provincial que arbitre las medidas necesarias para efectuar el control y seguimiento de las enfermedades crónicas del imputado, como asimismo, efectúe las interconsultas necesarias de acuerdo al estado de salud del mismo, autorice los traslados hasta la ciudad de Villa Mercedes, para el caso de requerir el interesado la asistencia de los médicos de confianza”.

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