lunes , 15 de julio, 2019

Rechazan cautelar de abogados para rendir concurso de ingreso a Tribunales

Un juez resolvió que no resulta arbitraria, ni ilegal la regulación que establece que no pueden rendir para ingresar al Poder Judicial quienes hayan finalizado la carrera de abogacía.

El Juez en lo Civil y Comercial de 49º Nominación, Leonardo González Zamar, denegó el dictado de la medida cautelar solicitada por un centenar de abogados, que pedían que se ordenara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que los inscribiera en el concurso de antecedentes y oposición destinado a cubrir cargos de meritorio en 19 centros judiciales de la provincia.

Los profesionales cuestionaban que, en virtud del Acuerdo Nº 22/13 del TSJ, sólo pueden participar del proceso de selección quienes sean estudiantes regulares o libres de la carrera de Abogacía (o de Ciencias Jurídicas, en el interior) y hayan aprobado un mínimo de diez materias; pero no pueden concursar quienes han concluido tal carrera universitaria.

El magistrado argumentó que “no se evidencia, prima facie, la ilegalidad o arbitrariedad del Acuerdo Nº 22 cuestionado”, por medio del cual el Alto Tribunal efectuó y reglamentó el llamado a concurso.

En tal andarivel el juez esgrimió que el impedimento de participar a quienes hayan finalizado o egresado de la carrera de abogacía, “se encuentra vigente –con algunas excepciones- desde hace más de 12 años, respecto a los abogados que pretendan postularse en el concurso de antecedentes y oposición para ingresar al Poder Judicial, sede capital”.

Añadió que el Acuerdo Nº 572 del año 2000 establecía que para poder rendir en los restantes Centros Judiciales, el abogado podía postularse “en la medida que fuera Pasante en el Poder Judicial o bien, tuviera una antigüedad máxima en el título de cinco años”.

En el mismo sentido, y tras resaltar que la reglamentación vigente “no afecta la garantía de igualdad consagrada por la Constitución”, González Zamar puso de relieve que “quienes hoy son accionantes tuvieron la posibilidad de postularse para rendir tal examen de ingreso mientras cursaban su carrera de abogacía”.

Finalmente, el juez destacó que la Constitución de Córdoba confiere al TSJ, entre otras atribuciones, “la de designar a su personal sobre la base de un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad”. En la misma dirección, remarcó que el acuerdo cuestionado, “en lo inherente a las condiciones de admisión” de los participantes del concurso, fue dictado por el TSJ “en el marco del ejercicio de las facultades que le reconocen la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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