domingo , 18 de agosto, 2019

Ratifican condenas por el incendio de los tribunales de Corral de Bustos

Descartan que la conducta de los instigadores pueda ampararse en el ejercicio de la libertad de expresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó las condenas dictadas a un grupo de personas que, en diciembre del año 2006, incendiaron los tribunales de la sede judicial Corral de Bustos-Ifflinger, durante una manifestación convocada para pedir justicia por la muerte de la niña Ariana Sabache.

El Alto Cuerpo rechazó los recursos de casación planteados por los imputados Juan Marcelo Farías, Néstor Omar Pasquini, Horacio Esteban Guayanes, Rubén Omar Astudillo, Franco Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Víctor Luis Barbero, Jorge Alberto Luna, Karina Marcela Ripoll y Néstor Fabián Etchegaray en contra de la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Bell Ville.

Los defensores del abogado Barbero y del periodista Pasquini, condenados por instigar al resto de los imputados a incendiar el edificio judicial y el automóvil del entonces juez Jorge Omar Farías, habían argumentado en sus recursos de casación que las conductas de los imputados quedaban amparadas por el ejercicio de la libertad de expresión.

Según los testimonios incorporados a la causa, Barbero alentaba a los manifestantes a que “rompan todo” asegurando que él como abogado los iba a defender y que “no podía haber detenidos por manifestarse”. En tanto, Pasquini, que era el cronista de la radio local, arengaba a los presentes diciendo, entre otras cosas: “este es el auto del juez, hay que quemarlo”. También inducía a algunas personas a que arremetieran contra el Colegio de Abogados, diciendo: “están ahí adentro, hay que sacarlos, hay que quemarlos”; y entregaba trozos de baldosas “para que las arrojaran contra el edificio” de tribunales, exclamando frente a la multitud: “rompan, habría que quemar a todos así se termina esta injusticia”.

Incitación

El TSJ reconoció que todas las formas de expresión, en principio, están constitucionalmente protegidas, pero precisó que existen ciertos tipos de discurso que, por virtud de prohibiciones expresas plasmadas en el derecho internacional, “se encuentran excluidos del ámbito de cobertura de esta libertad”, por ejemplo, la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia. “A los aquí imputados no se los ha perseguido penalmente por haber ejercido su derecho a expresarse, manifestarse, disentir o informar, sino por haber instigado a que un grupo de personas violentara la sede tribunalicia poniendo en peligro la integridad física de personas y dañando bienes particulares y públicos, conductas que en modo alguno comportan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión reconocido y amparado constitucional y convencionalmente”, expresaron los vocales del TSJ.

El fallo puntualiza que Barbero y Pasquini “no se limitaron a hacer uso de su derecho a expresar un juicio de valor, sino que desbordando todo margen de crítica incitaron a otras personas allí reunidas a que realizaran actos violentos, lo que en modo alguno califica como ejercicio legítimo de un derecho”.

Resulta claro que no se está frente a un ciudadano que expresa su opinión y disenso, o bien, ante un periodista que informa hechos o expresa opiniones de interés público. Todo lo contrario, a Barbero y Pasquini se les reprocha el haber instigado a los manifestantes allí presentes a la comisión de un delito contra la seguridad pública, conducta que claramente desborda el ámbito de protección del derecho a la expresión por ellos invocados.

 

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