domingo , 15 de septiembre, 2019

Prohíben requisas denigrantes a visitas de presos

La Cámara Federal de Apelaciones consideró que resultan violatorias de los tratados internacionales sobre derechos humanos. El tribunal amplio el alcance de la resolución también a los detenidos por procesos impulsados por la Justicia provincial.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó ayer que al Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC) deberá abstenerse de realizar requisas denigrantes a quienes visiten a los detenidos a disposición de la Justicia Federal o provincial, por entender que resultan violatorias de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina.

En diciembre pasado, el juez federal N° 3 Hugo Miguel Vaca Narvaja hizo lugar a una acción de hábeas corpus correctivo colectivo impulsada por la Defensora Oficial en representación de todos los detenidos a disposición de la Justicia Federal alojados en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba. Las personas privadas de libertad denunciaron que se veían vulneradas a raíz del trato degradante que recibían los familiares que los visitaban en las cárceles.

El SPC apeló la decisión de Vaca Narvaja pero la Cámara Federal ratificó la resolución adoptada por el juez. Los vocales Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Luis Rueda confirmaron parcialmente la resolución y ratificaron que es inconstitucional el artículo 11, punto “b”, de la Disposición N°649, del SPC, que autoriza el “registro completo” para las visitas a los internos.

Con estas prácticas se violenta no sólo el derecho a la intimidad de las personas (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional), sino también su propia dignidad, que a nivel supranacional encuentra cobijo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos”, remarcó Navarro.

Asimismo, la vocal indicó que “no debe perderse de vista la agresividad y resistencia que este tipo de prácticas vejatorias y tratos degradantes hacia los familiares generan en los detenidos”, lo que se transforma “en un factor que incrementa los niveles de tensión y estrés en la población carcelaria, lo cual puede resultar en hechos de violencia o en manifestaciones de protesta“.

Por su parte, Abel Sánchez Torres destacó que “la decisión de los agentes del SPC de llevar adelante dichas requisas no puede estar fundada simplemente en las características físicas o el aspecto externo de la persona que se presenta a mantener la visita”, ni tampoco “sólo teniendo en cuenta los antecedentes prontuariales que ostente el detenido que se pretende visitar”.

Por su parte, Rueda enfatizó que, “en el supuesto de existir motivos suficientes para presumir que una visita lleva elementos delictivos o que puedan afectar la seguridad del establecimiento o de las personas que en el trabajan o que se encuentren detenidas, se puede proceder, con carácter de excepción, a una requisa total por parte de profesionales de la salud habilitados”.

A diferencia del fallo original de Vaca Narvaja, que había circunscripto la declaración de inconstitucionalidad a los internos a disposición de la Justicia Federal alojados en establecimientos del SPC, los camaristas ampliaron el alcance de la resolución también a los detenidos por procesos impulsados por la Justicia provincial.

“No podemos ampararnos en nuestra jurisdicción federal para limitar el alcance de lo aquí decidido sólo a los presos federales, en tanto entran en juego derechos fundamentales que trascienden las barreras de la competencia (entre Justicia Federal y Justicia provincial)”, esgrimió Navarro en los fundamentos de la resolución.

(Fuente: Cba24n)

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