sábado , 24 de agosto, 2019

No se podrán trasladar detenidos atados con cadenas

El uso de las cadenas para el traslado de los detenidos sigue generando polémica y llegó hasta la Cámara Federal de Córdoba, que se pronunció en contra de esta metodología utilizada por el Servicio Penitenciario de la Provincia.
En particular, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los jueces Ignacio María Vélez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano, resolvió ayer por unanimidad hacer lugar a un hábeas corpus correctivo que había interpuesto una detenida por las malas condiciones en las que fue trasladada por el servicio penitenciario de Córdoba.
En pocas palabras, el juez Carlos Julio Lascano recordó que, tanto en el plano internacional como en el provincial, la utilización de cadenas como medio de sujeción, aun cuando se usaran para el traslado de un interno, se encuentra prohibida. En ese sentido, fue tajante al expresar que el “único medio permitido a tales efectos es el juego de manillas de sujeción o esposas.”
El caso analizado por la Cámara Federal ocurrió hace tres meses cuando el Servicio Penitenciario trasladó a una interna desde la sede de Tribunales II hacia la Unidad de Contención del Aprehendido con previo paso por la sede de Tribunales Federales.
Según denunció la reclusa – que interpuso en primera instancia el hábeas corpus ante el juzgado de Sánchez Freytes – dicho traslado se realizó en condiciones de falta de ventilación, esposadas y encadenadas a los asientos, sin cinturones de seguridad (poniendo así en riesgo su integridad física), situación que habría derivado incluso en la descompostura de una de las internas.
La metodología implementada por el Servicio Penitenciario de Córdoba fue motivo de otro hábeas corpus interpuesto en la ciudad de Río Cuarto en mayo último. En esa oportunidad, fue el juez federal Carlos Ochoa quien hizo lugar a la acción colectiva que había planteado un defensor oficial y ordenó al Servicio Penitenciario que pusiera fin a esas prácticas.
La resolución motivó la rápida reacción de la Provincia, la cual anunció que dejará de cumplir con el traslado de los presos federales, aunque para ello adujo cuestiones de índole económicas.

(Fuente. Comercio y Justicia)

 

 

 

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