jueves , 17 de octubre, 2019

Niegan la probation a un cajero del Banco de Córdoba imputado por defraudación

Para el TSJ, no puede considerarse arbitrario el dictamen del fiscal, en el cual sostuvo que el imputado reviste la calidad de empleado público.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del imputado Horacio René Navarro contra una resolución de la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado en una causa que investigan una presunta defraudación por administración infiel reiterada.

Según la acusación, Navarro era empleado del Banco de Córdoba y estaba a cargo de la máquina timbradora de la Dirección de Rentas de la Provincia. En cumplimiento de dicha tarea, recibió de varias firmas comerciales documentos que debían ser timbrados por diferentes valores. El imputado habría estampado en 27 oportunidades importes inferiores a los correspondientes y luego habría adulterado con un bolígrafo los montos inscriptos en los documentos, provocando así una defraudación en perjuicio de la administración pública.

Durante la tramitación del proceso, el acusado solicitó la suspensión del juicio a prueba, pero esta fue negada por la oposición del Ministerio Público Fiscal. La defensa recurrió ante el TSJ sosteniendo que un empleado bancario “no es un funcionario ni empleado público”.

El TSJ enfatizó que el consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba y que este requisito sólo puede soslayarse frente a un dictamen arbitrario. Sin embargo, el Alto Cuerpo entendió que los argumentos que brindó el fiscal en cuanto al alcance del término funcionario público en la órbita del derecho penal, “en modo alguno resultan arbitrarios”.

El Alto Cuerpo puntualizó que el representante del Ministerio Público brindó plurales razones para sostener la improcedencia de la probation. Entre otros argumentos, el fiscal subrayó, en su dictamen, que el imputado prestaba servicios en una entidad bancaria con participación estatal mayoritaria y que sus maniobras defraudatorias fueron en el marco del servicio de timbrado, que “no es realizable en entidades exclusivamente privadas”. También recordó que los funcionarios públicos están excluidos de la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba por “razones de transparencia”.

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