viernes , 19 de julio, 2019

Investigan a oficiales judiciales que cobran por los objetos secuestrados

El Tribunal Superior de Justicia investiga a oficiales de Justicia que estarían cobrando entre 500 y 5.000 pesos de aranceles, “ilegales” y sin comprobantes, a personas que son objeto de secuestro de bienes o desalojos.

La investigación surge a partir de una nota del presidente del Colegio de Martilleros, Ángel Alexis Aguada, publicada por el diario Comercio y Justicia , el 1° de octubre de 2012.

“Son la cara de los jueces en la calle”, sostienen los propios magistrados al referirse a esos funcionarios del Poder Judicial que perciben importantes sueldos y se encargan de hacer cumplir sus sentencias.

A los oficiales de Justicia se les imparten las órdenes de embargo de bienes muebles, secuestros de automotores, inventarios y lanzamientos de viviendas en casos de desalojo, entre otras actividades.

Para gastos de movilidad, el TSJ ha fijado un arancel de entre 14 y 20 pesos para los oficiales de justicia, que tienen un turno y por el cual se distribuyen los oficios (órdenes de los jueces). La parte que gana el juicio obtiene el oficio y generalmente se lo entrega a un martillero judicial para que junto con el oficial de justicia se realice el procedimiento de cumplimiento de la sentencia.

En su oportunidad, como los aranceles de los oficiales de justicia eran bajos, los martilleros solicitaron, en julio de 2012, por nota al TSJ, que se aumentaran los mismos. Hasta hoy no obtuvieron respuesta.

Resulta sugestivo que sean los martilleros (que cobran por su servicio a partir de los aranceles a los oficiales de justicia) quienes reclamen un reajuste y no los funcionarios judiciales.

De acuerdo con lo denunciado por Ángel Alexis Aguada, quien el viernes fue citado a declarar por el TSJ y ratificó todos sus dichos, “la realidad desmiente todo el ordenamiento administrativo, pues los señores oficiales de justicia exigen un precio por cada procedimiento, el que varía según el mismo”.

El titular de Martilleros declaró que si se trata “del secuestro de un automotor vale 500 pesos de lunes a viernes y 1.000 pesos los fines de semana. Un camión se cotiza en 3.000 pesos y un desalojo puede variar entre los 3.000 y 5.000 pesos, y de ese dinero no se da recibo ni constancia alguna”.

Ante la denuncia, los oficiales de justicia pidieron la intervención del Colegio de Martilleros. Fue después de que Aguada se hiciera eco de la situación “irregular”, reclamando que se otorguen recibos de los “gastos” que piden los oficiales de justicia y no pueden ser recuperados por los martilleros.

Paralelo a la denuncia, en una asamblea de la que participaron numerosos martilleros, se expusieron los problemas en la ejecución de los oficiados porque los oficiales exigían un precio, de lo contrario “no se realiza el procedimiento judicial”.

En el supuesto de que recibieran el dinero, los oficiales de justicia “no otorgaban recibo, ni comprobante alguno”.

Frente a la nota periodística de Comercio y Justicia , el máximo tribunal abrió una “investigación administrativa” y el viernes Aguada declaró como testigo y se explayó sobre su denuncia.

En declaraciones realizadas a La Voz del Interior, el presidente de los Martilleros indicó que además de ratificar sus dichos, se declaró “muy molesto”. Afirmó: “Uno de los oficiales de Justicia, molesto por nuestra actitud, pidió públicamente mi cabeza”.

En su testimonio ante el TSJ, Aguada afirmó que las “tarifas se convienen periódicamente en una cena que los oficiales de justicia realizan en una casa particular de barrio Argüello”.

Incluso –dijo–, hay un oficial de justicia que se auto apoda ‘Grundig’, porque dice que “es caro pero el mejor”.

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