Viernes , 24 de Noviembre, 2017

Informe especial: La paja siempre en el ojo ajeno

El miércoles último fue llevada a cabo en nuestra ciudad la séptima y más convocante edición de la Marcha de la Gorra, en la cual fue prácticamente duplicado el número de asistentes en relación a su anterior edición y con el detalle –no menor- de que esta vez se extendió a otras ciudades de la Provincia como Villa María y San Francisco, donde también la Policía lleva a cabo su accionar diario amparada en el mismo marco legal: el Código de Faltas.

La consigna es clara, se trata de la derogación de dicha herramienta legal, que permite al Gobierno efectuar una alta cantidad de detenciones diarias que recaen sobre un mismo sector social, ya que bajo la figura del merodeo, contemplada en el Código, la Policía tiene la facultad de demorar, detener y hasta condenar a personas sin intervención de jueces ni abogados.

Otra figura controversial es la denominada “prostitución escandalosa” cuya ambigüedad también genera un accionar policial represivo hacia distintos sectores, pero que recae especialmente sobre las trabajadoras sexuales, accionar que ha recrudecido a partir de la reciente Ley de Trata, que no ha demostrado hasta ahora ser efectiva a la hora de desbaratar las redes que trafican personas en la Provincia, pero sí en cerrar locales y en impedir el trabajo callejero de mujeres que lo hacen por propia voluntad, muchas de ellas congregadas por AMMAR, organización que las nuclea y cuya personería gremial viene siendo negada de manera sistemática por la autoridad interviniente.

Todo este panorama se ve en los últimos tiempos acentuado a raíz de casos de resonancia como la desaparición de Facundo Rivera Alegre (y la repentina “resolución” del caso, expuesta por el fiscal a cargo desde la Central de Policía en medio del escándalo de narcotráfico que ya todos conocemos), la dudosa muerte de Brian Palomeque en La Falda y la reciente muerte –también dudosa y con policías involucrados- del joven de 17 años en la ciudad de Capilla del Monte, donde se registraron fuertes protestas por el esclarecimiento del caso, sólo por mencionar algunos.

Se estima que en esta última edición de la marcha asistió una cifra cercana a las 15.000 personas, es decir que el número de concurrentes va en aumento cada año, lo cual puede tener distintas motivaciones y lecturas pero, en general, podríamos pensar que se debe a la difusión gradual que van teniendo este tipo de reclamos populares que, si bien no cuentan con mucho apoyo de los medios (pensemos por un momento en los “cacerolazos”), encuentran en la redes sociales, el algunos medios alternativos, pero sobre todo en el boca a boca barrial, en el trabajo territorial de las organizaciones involucradas y en la convocatoria de las más variadas organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y de Derechos Humanos, importantes vías de difusión y crecimiento genuino.

Sin embargo, también se puede hacer otra lectura complementaria. ¿Cuál es la actitud, la respuesta del Gobierno de la Provincia frente a estos reclamos? La indiferencia, que es la misma actitud que tiene frente a los últimos casos que involucran de alguna manera a las políticas de seguridad, a la institución policial, a funcionarios o ex-funcionarios, a parientes o cercanos a los mismos. La indiferencia sumada a la permanente actitud de tomarse todo reclamo de justicia como un ataque dirigido a su gestión.

Sí, suena de algún lado. Claro, es la misma actitud que el Gobernador De La Sota cuestiona permanentemente al Gobierno Nacional frente a los reclamos que la Provincia efectúa. La falta de diálogo, el ninguneo, la indiferencia, la falta de seriedad y de respeto, son palabras que no se caen de la boca del Gobernador cuando hace referencia a la Nación. Sin embargo, la mamá de Facundo Rivera aún espera ser recibida, la cuestión del narcotráfico y la Policía espera alguna reacción más seria que el ninguneo que sobre la cuestión ejerce el mismo Gobernador o cualquiera de sus funcionarios cuando se refieren a estos temas –siempre entre risas o soliloquios que terminan en otro tema-, la gente espera un poco de seriedad frente a un sinfín de temas que sacuden la opinión pública pero que –elegante o torpemente- son siempre eludidos.

Quizás la sociedad acusa recibo de estas actitudes (cosa que se notó en la legislativas en relación a las PASO), quizás la gente, los jóvenes, tienen un límite. Quizás con el último escándalo y la ecuación narcotráfico/policía quedó al descubierto un accionar no tan puntual y específico sino que tiene olor a institucional y cotidiano, y si a eso le sumamos las risas y la indiferencia, puede ser un motivo para salir pacíficamente a las calles a acompañar a los jóvenes que reclaman políticas de seguridad que no segreguen, que garanticen cuestiones básicas y constitucionales como el libre tránsito, por dar un ejemplo, y que impidan el abuso policial, la desaparición y la muerte de jóvenes en comisarías, por dar otro.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno esta vez, frente a la masividad de una nueva Marcha de la Gorra? La podemos dividir en dos: primero, casi como una chicana, el presidente del bloque oficialista, Sergio Busso, salió a anunciar la modificación del Código de Faltas, pero eso sí, sin tocar la figura del merodeo.

Y en segundo lugar, en un comunicado oficial, el Gobierno repudió los actos de “vandalismo, violencia e intolerancia” que tuvieron lugar en la Catedral, atribuyéndoselos a la Marcha de la Gorra, generalizando de esta manera un hecho llevado a cabo por un grupo minúsculo de personas (como pudimos observar quienes cubríamos el evento), a la organización y a la concurrencia toda, ignorando no sólo que estos actos fueron detenidos inmediatamente por concurrentes a la marcha y por los organizadores mismos, sino también que éstos, agrupados en el Colectivo de Jóvenes por Nuestro Derechos, emitieron rápidamente un comunicado de prensa repudiando los hechos que manchaban el sentido y la lógica de la Marcha.

Es decir que el Gobierno termina haciendo gala de los atributos que tanto condena: es indiferente a la realidad, ningunea la opinión y la posición de los otros actores sociales, es incapaz de generar canales de diálogo con ellos, y termina de esta manera faltando el respeto a quienes reclaman por sus derechos.

Mientras tanto, es incalculable la cantidad de jóvenes demorados, detenidos, humillados por el accionar policial. Si nos acercamos a dialogar con integrantes del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos encontramos allí historias de las más diversas, pero todas ellas con un indicador común: marcados rasgos de violencia ejercidas por un sistema que lleva incluso a decisiones drásticas. Por ejemplo, hay jóvenes que directamente decidieron no intentar más ir al centro, porque las pocas veces que fueron tuvieron “problemas con la policía”.

Por Natalia Etchepare

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