viernes , 23 de agosto, 2019

Funcionarios y vecinos de las tomas debatieron sobre el déficit habitacional

En el marco de la conflictividad social derivada del déficit habitacional que sufren gran parte de los cordobeses, la Universidad Católica de Córdoba (UCC) organizó un panel llamado “El problema de la tierra y la vivienda digna” con la participación de todos los sectores sociales involucrados en el problema.

Casi un hecho inédito logró la UCC al sentar en un mismo panel a funcionarios provinciales y municipales, a representantes de las tomas, organizaciones sociales y de la Universidad para debatir sobre el problema del déficit habitacional que en los últimos meses fueron noticia debido a las numerosas tomas de tierras en todo el territorio de la provincia y la posterior represión policial ante este panorama.

Ayer, martes 12 de junio, en torno al panel “El problema de la tierra y la vivienda digna”, debatieron en el auditorio de la UCC el director de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba Pablo Messori, el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba Mariano de Juan, el abogado e integrante de Encuentro de Organizaciones Sergio Job, la invesigadora del Colectivo “El llano en Llamas” Alejandra Ciuffolini y tres representantes de las tomas: Raúl (de Piedras Blancas), Julio (de El Bordo) y Yanina (de Cuesta Blanca).

El auditorio contaba con la presencia de vecinos de las tomas y de Villa La Maternidad (que también luchan contra el desalojo), integrantes de organizaciones sociales, miembros de la comunidad académica y público en general. Con respeto siguieron el debate que permitió a cada panelista presentarse, plantear su punto de vista y experiencia y luego responder algunas preguntas de los asistentes.

El rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velazco, fue el encargado de abrir el debate y dar la bienvenida a los asistentes.

“El centro de la Universidad debe estar fuera de la Universidad”, comenzó diciendo Velazco. “Aquí hay un problema muy serio que es el acceso a la vivienda, que incluye a muchos actores sociales: la gente que necesita un lugar dónde vivir, los colectivos que se organizan para buscar un lugar, la Universidad que investiga el fenómeno, el Estado (…) La Universidad tiene que tener la misión de tender puentes entre las partes y eso es lo que intentamos hoy”, sostuvo el Rector de la UCC.

Luego fue el turno de Raúl, un ladrillero que junto a su familia integran el conjunto de 40 familias que se asentaron en terrenos de Piedras Blancas para construir su vivienda.

“Venimos del 6 de enero con la toma y vimos hace años que no había interés de nadie de posesión de la tierra. Hoy vivimos en carpas, nos privan de agua y gas, sufrimos mucho la Policía que nos rompen las casas, atropellan a la gente. Esa misma Policía ni baños químicos tienen, toman de nuestro agua pero luego no nos dejan ingresar nada. Según ellos, tienen orden de arriba, no sé quién es arriba, nunca mencionan quienes son”, narró Raúl.

“En mi caso somos seis, la mayor de mis niños tiene nueve años. Pasamos mucho frío. No pedimos materiales de construcción al Gobierno, somos de trabajo, sólo pedimos las tierras”, finalizó el hombre y aseguró que seguirán “luchando”.

Alejandra Ciuffolini, es docente e investigadora, integra el Colectivo de Investigación de la UCC “El llano en llamas”. Hace unas semanas presentaron un informe que indica que creció un 62 por ciento la población en los asentamiento marginales.

“Nosotros ya habíamos anticipado hace años que la lucha por la tierra iba a ser el principal problema de los Gobierno actuales. El 48 por ciento de los hogares de la Provincia sufre déficit habitacional. Sin política de vivienda sostenida durante el tiempo, las tomas iban a suceder”, indicó Ciuffolini. 

“Nos desalentó la forma en que las instituciones se acercaron a los pobladores, en forma violenta y represiva. En una democracia, el diálogo es una obligación por parte de las autoridades públicas”, afirmó la investigadora.

Apuntaron contra la Nación y la Justicia

Los funcionarios presentes estuvieron de acuerdo en deslindar responsabilidades sobre el Gobierno Nacional y la Justicia.

Mariano de Juan, secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, sostuvo que la “mayor parte de las tierras disponibles las tiene la Nación”. 

De Juan indicó que han avanzado en “núcleos chicos” con cooperativas para ceder terrenos para la construcción de viviendas.

“Sino se trabaja en conjunto con la Nación, la gente termina localizándose en terrenos que no son aptos para vivir”, dijo al referirse al asentamiento de Piedras Blancas, situado a tres kilómetros de un vertedero de basura.

Pablo Messori, director de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, resaltó la creación de la Mesa de Cooperación recíproca que integran los gobiernos provincial y municipal. Mencionó algunos casos donde la Provincia intervino en asentamientos marginales pero deslindó responsabilidad sobre el Gobierno nacional sobre la tenencia de tierras y sobre el Gobierno Municipal acerca de la decisión sobre la organización y estructuración de la Ciudad.

Además, ambos funcionarios sostuvieron que la represión sufrida por parte de la Policía hacia los vecinos y abogados de las tomas (algunos de ellos fueron encarcelados durante días) son responsabilidad de las fiscalías de turno.

En primera persona

Julio vive en la Villa El Bordo (Avenida Colón al 3400) hace 40 años y su abuelo se estableció en el lugar hace más de 60 años. Hoy, a partir de la construcción del nudo vial de El Tropezón, muchas familias están en peligro de ser desalojados.

Los pobladores denuncian, además, intereses inmobiliarios sobre esos terrenos. Sólo piden que los reubiquen en la zona y no un traslado a otro punto de la Ciudad como se había hablado en un principio.

“Ese lugar era arena, canteras. Cuando mi abuelo hizo la casa, la hizo para toda la vida sin pensar que algún día te vayan a correr. En ese momento no le interesaba a nadie esos terrenos. Yo crecí en ese lugar y quiero morir ahí. No es un pedazo de tierra para nosotros, es toda una vida”, dijo emocionado Julio y agregó: “El valor económico que tiene ese lugar para Gama o GNI, no es el mismo que tiene para nosotros, para nosotros no tiene precio, pero eso a ellos no le sirve”.

Yanina es madre soltera de cuatro hijos y una de las integrantes de la Cooperativa Solares de Icho Cruz que están tomando los terrenos en Cuesta Blanca.

“Nosotros nos dimos a conocer por la represión policial que sufrimos este último tiempo y me da a pensar que tenemos que terminar presos para que se hable de la tierra”, criticó Yanina.

“Nosotros no pedimos ninguna ayuda del Estado, es más, pedimos que el Estado deje de estar encima nuestro”, agregó y se escucharon aplausos en el auditorio.

“No todos saben todo el atropello que sufrimos por parte de la Policía. No queremos que nuestros compañeros se tengan que encadenar o se pongan un cuchillo en el cuello para que los dejen de hostigar. No somos delincuentes, nos somos ningunos improvisados, investigamos y esas tierras no estaban ocupadas por nadie”, aseguró y finalizó diciendo: “Tenemos miedo que esto se cobre alguna vida”.

Luego, fue el turno de Sergio Job, abogado de los vecinos que realizan las tomas e integrante del Encuentro de Organizaciones. “Hace dos meses que hablamos de la represión, es la primera vez que hablamos de la tierra”, sostuvo Job y agradeció la oportunidad a la Universidad Católica.

“Los métodos de las autoridades tienen que cambiar. Que el Gobierno salga a hacer una denuncia penal contra las organizaciones y los abogados que defienden a la gente, no está comprendido dentro de un Estado de Derecho. Hay que abrir vías de diálogo donde todos los actores se involucren. Los gobiernos en vez de perseguir a las organizaciones sociales tendrían que impulsar que la gente se organice”, señaló.

Y por último, afirmó: “Nos parece extraño que cuando los sectores populares necesitan tierras aparecen problemas de dinero pero eso no ocurre con las desarrollistas. No vamos a permitir más desalojos ilegales bajo ningún punto de vista”.

(Redacción: María del Mar Job)

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