domingo , 25 de agosto, 2019

El TSJ consideró irrisorias la propuesta de reparación ofrecida por los imputados a 12 querellantes particulares y actores civiles

Dos directivos del Banco Julio, imputados por la presunta comisión del delito de desbaratamiento de derechos en perjuicio de quienes habían comprado unidades habitaciones proyectadas para un edificio, deberán ser sometidos a un juicio oral.

Esto, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló la resolución por la cual la Cámara 2º del Crimen había dispuesto, a pedido de los acusados, la suspensión del juicio a prueba o “probation”.

La Sala Penal del TSJ hizo lugar al recurso de casación planteado por 12 querellantes particulares y actores civiles contra la resolución que había resuelto la suspensión del juicio a prueba, que ahora fue declarada “arbitraria” por el Alto Cuerpo.

Los damnificados habían desembolsado distintos montos sin saber que el “Consorcio de Propietarios del Edificio Venezuela (en formación)”, con el que habían contratado originariamente, vendió en 1995 el inmueble al Banco Julio, representado por su entonces vicepresidente, Marcelo Julio Jalil, con “conocimiento de los derechos personales creados a favor de aquellos compradores”.

Pese a esto, en 1997 fueron sustituidos los planos del edificio, originariamente previsto para unidades habitacionales, con el fin de proyectar oficinas entre los pisos 2 al 13. Con esto se cambió “no sólo la denominación, sino también el destino del edificio” y, mediante la aprobación de los nuevos planos, “la maniobra perjudicial para los consorcistas se vio final y totalmente agotada”, según la sentencia del TSJ.

Pese a lo reclamado por la maniobra, por los presuntos afectados (en concepto de valor metro cuadrado efectivamente abonado la suma de 1.052.593 dólares, y en relación con los frutos civiles no usados ni gozados por las víctimas, la suma de 910.209 dólares, lo que arroja un total de 1.962.802 dólares), la oferta reparadora ofrecida por los imputados, Marcelo Julio Jalil y Javier Eduardo Lascano Allende, para acceder a la “probation”, fue de 1.850.550 pesos; esta cifra, pagadera de la siguiente forma: el primero abonaría 1.000.000 pesos (600.000 pesos de contado y el saldo en 16 cuotas mensuales de 25.000 pesos) y el segundo, 850.500 pesos (450.550 pesos de contado y el saldo mediante 16 cuotas mensuales de 25.000 pesos).

Las vocales Aída Tarditti, María Esther Cafure y Mercedes Blanc concluyeron que el tribunal había incurrido en “una ponderación arbitraria de la oferta efectuada por los imputados”; entre otras razones, por haber realizado “un análisis parcial y limitado” de “la real capacidad de pago de los acusados”.

De acuerdo con el TSJ, la Cámara “no consideró los cuantiosos bienes (muebles e inmuebles) que poseen los acusados”, dado que “el análisis se limitó sólo a la valoración de los ingresos mensuales”, sin tener en cuenta “lo que perciben por sus utilidades como accionistas de la sociedad”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *