viernes , 23 de agosto, 2019

El Estado deberá resarcir a vecinos amenazados por un policía

El agente, que estaba de franco, había ido a reprocharle a un hombre que, supuestamente, le vendía drogas a su hijo. 

Un policía y el Estado provincial deberán resarcir solidariamente con 35.004 pesos a una persona por el perjuicio que el agente le generó al irrumpir en su casa, ubicada en Barrio Villa El Libertador, durante uno de sus francos y amenazarlo con un arma reglamentaria mientras le reprochaba a su vecino que le vendía drogas a su hijo. Además, tendrán que indemnizar con otros 10 mil pesos a una mujer entonces embarazada y a su pareja, que se encontraban en el lugar, dado que se dio por acreditado que la tensionante situación generada por el policía tuvo posteriormente incidencia en el parto prematuro que sufrió la joven, que concluyó con la muerte de su hijo recién nacido. Así lo resolvió la Cámara 5º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.

En su voto, el vocal Rafael Aranda destacó que, según la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “no resulta eximente de la responsabilidad del Estado la circunstancia de que el agente, en el momento de suceder el hecho, no se hallara en ejercicio de sus funciones, puesto que basta que la función desempeñada haya dado ocasión al hecho dañoso para que surja la responsabilidad del principal (Estado)”.

El camarista esgrimió que, en la causa, “ha quedado acreditado que el policía, si bien actuó fuera de servicio y motivado por un hecho personal (que supuestamente el demandante le había vendido o entregado droga a su hijo), se identificó como tal y esgrimió el arma reglamentaria que portaba, al menos inicialmente y como elemento de presión o de intimidación”.

De acuerdo con el vocal, el Estado, al otorgar el arma a un agente, “debía asegurarse que quien iba a portarla tenía la preparación y el equilibrio emocional para hacerlo evitando así la producción de situaciones como esta”.

“No tengo dudas de que los hechos consumados no pudieron haber ocurrido de no haber mediado la condición de policía del demandando desde que, de lo contrario, la situación se hubiera limitado a ser un mero altercado entre vecinos. El hecho de que L.R.A. haya invocado pertenecer a las fuerzas de seguridad y haya portado, exhibido y utilizado el arma reglamentaria -aun cuando haya sido solo para ahuyentar a los perros- me llevan al convencimiento de que los hechos tuvieron relación directa con el ejercicio de la función y fueron facilitados por ella”, resaltó en el voto al que se adhirieron sus pares, Abraham Griffi.

Incidencia en el parto prematuro de una mujer

Los camaristas también infirieron que, en virtud de las constancias de la causa y “en particular de la historia clínica de la Srta. N.L.R.”, la conducta del policía “pudo tener alguna incidencia con el parto prematuro y el resultado fatal subsiguiente”. En efecto, recalcaron que en septiembre de 2003, luego de los hechos, la mujer, que estaba embarazada de cinco meses y medio, concurrió dos veces al Hospital Materno Provincial “por contracciones” y se le indicó reposo y medicación; en la segunda ocasión, experimentó pérdidas de sangre y fue internada.

En la misma dirección, el tribunal concluyó: “las circunstancias vividas no pudieron ser totalmente inocuas teniendo en cuenta que su vida y la del niño en gestación estuvieron en un claro peligro. La proximidad temporal entre los hechos y la consulta del 14 de septiembre (de 2003) así parecen indicarlo si tenemos en cuenta que de la propia historia clínica surge que era la primera vez que la demandante concurría al nosocomio por contracciones”.

Como consecuencia, los vocales entendieron que la tensión sufrida predispuso a “un parto prematuro”, por lo que se consideró “justo reconocer en la conducta de L.R.A. una parcial incidencia causal”, que, ponderada prudencialmente y atento a “la ausencia de un prueba específica”, fue establecida en el 10% (10.000 pesos para cada uno) de lo que originariamente habían solicitado la mujer y su pareja (100.000 pesos).

La causa llegó a la Cámara a raíz del recurso de apelación promovido por los demandantes contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 14º Nominación del fuero, que había rechazado la demanda en cuanto pretendía hacerla extensiva al Estado provincial y que había denegado la petición de la pareja. Los hechos sucedieron el 13 de septiembre de 2003, cuando el cabo primero irrumpió en la casa de J.D.I., quien, al sentirse en peligro, saltó desde el techo de su vivienda al patio de una contigua, ocasión en la que sufrió una fractura de tibia y peroné. La indemnización a favor de J.D.I. quedó fijada en 35.004 pesos (19.004 pesos en concepto de daño material y 16.000 pesos, por daño moral) más intereses.

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