martes , 15 de octubre, 2019

Denuncian penalmente a ocho inmobiliarias ilegales

El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba presentó ocho denuncias penales por ejercicio ilegal de la profesión a personas que desarrollan la actividad en Córdoba Capital y en el interior provincial, sin estar encuadrados bajo los requerimientos de la Ley N° 9.445, ni tener un matriculado trabajando en sus locales.

Las denuncias fueron radicadas en las fiscalías 1, 3 y 4, en distintos turnos. “Esta medida se tomó una vez que se agotaron las instancias administrativas y ante la negativa a regularizar la situación”, se indicó desde el Directorio de la entidad. Es la primera vez desde su creación en 2007, que el Colegio adopta esta decisión de acudir a la Justicia..

“Éstas son las primeras presentaciones que se realizan, pero hay varias decenas de expedientes listos para ingresar a Tribunales, fruto del fuerte programa de fiscalización y control que se está desarrollando a lo largo de todo el territorio provincial”, señalaron desde el Colegio.

En ese sentido, los estudios realizados dan cuenta que existen unas 2.000 inmobiliarias en el territorio provincia, de las cuales el 60% está en regla, según explicó el abogado Ignacio Sabaini Zapata ante la consulta de LA MAÑANA.

No obstante, comentó que se registran casos de inmobiliarias matriculadas con la vieja Ley N° 7.191, las cuales deben regularizar la situación para estar encuadrados y operar bajo el paraguas legal.

Las acciones penales “buscan regularizar la actividad y al mismo tiempo, proteger a los potenciales clientes de estas casas de compraventa de propiedades para evitar inconvenientes”, dijo Sabaini Zapata. El letrado explicó además que la pena fijada por el ejercicio ilegal es de un año pero, si existiesen estafas, la pena es de seis años.

Los interesados en conocer cuáles son las inmobiliarias “legales” y cuáles las “truchas”, pueden tomar contacto con el Colegio.

 

Diferendo

A finales de 2011 la Justicia ratificó la constitucionalidad de la Ley N° 9.445 que colegió la actividad de los corredores a partir de 2007 y cerró un enfrentamiento que llevaba cuatro años entre este sector y los martilleros, lo que obliga a más de 1.500 profesionales a matricularse como inmobiliarios.

La norma dictada el 28 de noviembre de 2007 marcó el nacimiento del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, obligando a todos los operadores dedicados a la compra y venta de inmuebles a matricularse.

Esta ley desató la reacción del Colegio de Martilleros, que hasta entonces reunía a la mayor parte de los operadores. Esta institución interpuso en 2008 un amparo en un juzgado de Villa María, argumentando que la norma era inconstitucional ya que la Provincia no podía adjudicarse el poder de crear un colegio profesional, lo que permitió la coexistencia de ambas instituciones como representativas del sector. La Cámara presidida por Juan María Olcese, ratificó la constitucionalidad de la Ley N° 9.445, lo cual zanjó el conflicto en favor del Colegio como entidad en la que los operadores deben inscribirse por entender que es la Provincia la autoridad con poder para regular la actividad de los colegios profesionales.

 

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