lunes , 23 de septiembre, 2019

Decara propone anunciar paros de transporte tres días antes e incluirlo como servicio esencial

Quiere que el incumplimiento de estas medidas sea considerado falta grave, que la sanción llegue hasta los 30 días de arresto, y que se establezcan medidas reparatorias en caso de dañar al patrimonio público.

El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba propuso una ley para proteger a los usuarios del transporte público de las medidas de fuerza de los choferes.

La propuesta busca garantizar la continuidad y regularidad mínimas para la vigencia de la prestación de los servicios esenciales y su principal punto es exigir que las medidas de fuerza que afecten la prestación de un servicio público sean comunicadas con una anticipación de tres días y que 24 horas antes se presente ante la autoridad que corresponda para su evaluación un plan sustentable de prestación de servicios mínimo que se mantendrá durante el conflicto.

Asimismo, dispone que la empresa u organismo prestador del servicio sea responsable de garantizar la ejecución del plan de servicios mínimos y de comunicar a los usuarios al menos con un día de las modalidades de funcionamiento del servicio durante el conflicto.

Además, la iniciativa de Mario Decara establece que el incumplimiento de estas medidas sea considerado falta grave y de lugar a la aplicación sanciones que vayan hasta los 30 días de arresto para el caso de que en el marco del conflicto se ocasiones escándalos o molestias a terceros, a la vez que establece medidas reparatorias cuando se perpetren daños al patrimonio público.

Propone incluir también al transporte público de pasajeros como servicio esencial porque “constituye un medio necesario para el ejercicio y protección de otros derechos esenciales

La norma propuesta por Decara surge a partir del último conflicto entre choferes de UTA y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, el cual dejó a los cordobeses a pie y sin previo aviso, y que derivó en la quita de la licencia a la empresa Ciudad de Córdoba.

Es para garantizar a los ciudadanos el goce de los derechos constitucionales a la vida, salud, libertad, educación, justicia, acceso a la energía eléctrica y al agua potable, cuando su prestación se vea afectada por el ejercicio de una medida de acción directa derivada de un conflicto laboral”, explicó el defensor del pueblo a través de un comunicado de prensa.

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