viernes , 14 de diciembre, 2018

Bancos deben indemnizar a cliente por mal funcionamiento de un cajero automático

Un fallo determinó que una entidad bancaria debe indemnizar a su cliente por el mal funcionamiento de un cajero. Se establece además que las entidades financieras deben contar con sistemas de video-grabación que permitan identificar a las personas que realizan las extracciones.

Sobre los bancos pesa una obligación de seguridad y, por ende, deben responder por los perjuicios ocasionados a los clientes como consecuencia de desperfectos que pudieran experimentar los cajeros automáticos a su cargo. Así lo estableció la Cámara 4º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, que condenó al Citibank y al banco de Córdoba (Bancor) a indemnizar con 11.300 pesos (más intereses) a una usuaria respecto de la cual figuraban extracciones que no había realizado.

La causa llegó a la Cámara como consecuencia del recurso de apelación planteado por la mujer contra la sentencia del Juzgado de 6º Nominación del mismo fuero, que había rechazado su demanda. Dicha resolución ahora fue revocada, ya que el tribunal hizo lugar al recurso y fijó que los dos bancos demandados deberán pagar 1.300 pesos, a título de reembolso por la extracción no efectuada, y 10.000 pesos, en concepto de daño moral; ambos sumas, ajustadas con la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con más el 2% nominal mensual.

Los hechos juzgados se remontan al 17 de septiembre de 2008, cuando la mujer retiró 200 pesos por medio de un cajero automático del Citibank. Nueve días más tarde, la usuaria quiso realizar otra operación, pero se dio con que no tenía fondos en su cuenta. Tres días más tarde, cuando concretó el reclamo, en el banco le informaron que constaba que ella había efectuado varias extracciones por un total de 1.300 pesos.

En la sentencia, el camarista Raúl Fernández esgrimió que, en el marco de “la relación de consumo” trabada entre la institución financiera y el usuario, y como los bancos reemplazaron los “cajeros humanos” por los automáticos, “la entidad debe otorgar al cliente la misma seguridad que existe si la operación se hubiera hecho a través de los primeros”. De esto se desprende que sobre el banco pesa una “obligación de seguridad, que impone una responsabilidad objetiva”, razón por la cual le corresponde a la institución probar que media la “negligencia” del cliente para poder eximirse de dicha responsabilidad.

Como consecuencia, el vocal concluyó que, si al tiempo de la extracción efectuada por la demandante, “el cajero no finalizó automáticamente la sesión, permitiendo que se realizaran extracciones posteriores, es porque no funcionaba correctamente, cuestión sólo imputable a quien ofrece el servicio, esto es, el banco”.

Necesidad de contar con un sistema de video-grabación

En el voto al que se adhirieron sus pares (Miguel Bustos Argañarás y Cristina González de la Vega), Fernández argumentó que la responsabilidad pesaba sobre el Citibank, “titular del cajero que funcionó defectuosamente”, porque, según disposición del BCRA, “debe contar con un sistema de video-grabación que permita identificar a las personas que realizan las operaciones en cada uno de los cajeros”. No obstante, también consideró que la responsabilidad era extensiva al Bancor, entidad a la que pertenecía la cuenta de la mujer y pese a que el Bancor forma parte de la red Link (no de la Banelco, como el Citibank).

En ese sentido, la Cámara destacó que, si es posible realizar operaciones relativas a cuentas del Banco de Córdoba, “es claro que esta entidad financiera debió precaverse de que los demás cajeros, aunque no pertenezcan a la mentada red, funcionen correctamente”, porque “se trata de responder ante el aprovechamiento de un servicio prestado a través del cajero de un tercero”.

Finalmente, el tribunal recalcó que, si bien la indemnización del daño moral está restringida cuando media una relación contractual, en el caso era procedente por la afectación “en el espíritu” de la mujer que significó el no haber podido disponer de fondos de sueldo y, además, por razones de “equidad”. Esto último, teniendo en cuenta “las actitudes asumidas por los codemandados, al ser citados en la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, de negativa de responsabilidad sin fundamentos plausibles”.

Fuente: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

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