martes , 22 de octubre, 2019

Ammar vuelve a denunciar que el Gobierno provincial persigue a las trabajadoras sexuales

La Asociación de Mujeres Meretrices Córdoba (Ammar)  recibe a diario denuncias de trabajadoras sexuales sobre malos tratos policiales y de funcionarios provinciales. Además, denuncian el incumplimiento de promesas sobre subsidios, trabajos y oportunidades para vivir dignamente. 

“En el año y medio que lleva de aplicación la mal llamada “Ley Provincial de Trata”, el único resultado inmediato ha sido la marginación, discriminación y criminalización de las trabajadoras sexuales, mediante la aplicación del nuevo artículo 46 bis del inconstitucional Código de Faltas, con el cual se busca responsabilizar a las trabajadoras, por el solo hecho de abrir la puerta de un lugar de trabajo. Lo que da cuenta de la superficialidad con la que se toma este tema, criminalizando a las mujeres, sin aportarles protección o ayuda y manteniendo amparados y lejos del foco judicial a los verdaderos proxenetas y tratantes”, señala el comunicado enviado por la Asociación a los medios de prensa.

La historia de Soledad

Ammar en su comunicado cuenta la historia de Soledad, una madre soltera que fue desalojada de su casa por la Policía y sufrió aprietes por parte de esta autoridad.

“El pasado viernes 9, a Soledad le allanaron su domicilio particular, en el cual vivía con sus dos pequeños hijos. La excusa un procedimiento en el marco de la “Ley Provincial de Trata”, ya que en ese edificio, hace 3 meses, se había determinado que se ejercía el trabajo sexual y el departamento mantenía la clausura, Soledad desconocía que tampoco podía ser una vivienda.

Esta vez, los diez uniformados, sólo encontraron una casa de familia, pero aun así los policías arremetieron contra la “peligrosa” compañera, la trataron muy mal verbalmente, la degradaron y humillaron, le recriminaron su adhesión a Ammar, la obligaron a participar como “testigo” de otros departamentos del complejo y la llevaron esposada hasta Jefatura de Policía, donde le pintaron los dedos.

Ante semejante mal trato y abuso de autoridad, le pregunta a los policías: ¿Por qué me tratan así? La respuesta es “son órdenes… es lo que tenemos que hacer”, entonces repregunta ¿Qué hago, a dónde voy a ir con mis hijos? Y la respuesta que recibe como un cachetazo es: “No sé, ese no es nuestro problema”.

La Autoridad de aplicación, determina, que como Soledad abrió la puerta (en este caso de su casa) es la responsable de un prostíbulo que solo existía en la imaginación de los uniformados, ellos aclaran: “responsable” del momento por abrir la puerta, no como regenteadora o proxeneta, ya que ahí entraría la ley 12.331, muy pocas veces aplicada por cierto.

Cuando Soledad se presenta “a firmar los días” por los que es sancionada acompañada por la Secretaria general de Ammar y el abogado, es atendida por el Sargento Acotto, que le manifiesta que lo mejor para ella es firmar como responsable, ya que si apela al Juzgado de Faltas, los tiempos administrativos, hasta que le saquen la faja de clausura a su hogar, pueden ser “muy prolongados” y que le puede llevar muchos meses. Le aconsejan concurrir a la Secretaría de Lucha y Prevención contra la Trata de Personas, para que puedan brindarle una solución, ya que Soledad, por la acción policial, ha quedado, sin casa, sin trabajo y con sus hijos en situación de desamparo.

Al llegar a la Secretaría, nos encontramos con la misma soberbia y desprecio que desde un principio tuvo el operativo. El personal técnico dependiente de la Gobernación no sólo no dio solución alguna a esta compañera, sino que con el argumento de que ella era “responsable”, le manifestaron que ellos no tenían competencia para asistir estos casos. 

Recurrimos ante el ente burocrático, con otra compañera, que ha vivido una situación similar hace nueve meses, con la diferencia que ella apeló la sanción policial y espera desde entonces que el Juzgado de Faltas se expida, hasta que esto no pase, no puede tramitar el apoyo institucional para conseguir un medio de subsistencia “más digno”, según los criterios de nuestra gobernación”.

El comunicado termina con una firme sentencia al accionar del Gobierno provincial y sostiene: “Quedando expreso que esta forma que tiene de actuar el poder político, con la ayuda del aparato policial, es un modo de extorsión perverso, que cuenta con el silencio de ciertos sectores sociales, para invisibilizar, ya que la consigna de estos sectores parece ser, que no importa la forma o la manera en que se haga, o la forma o la manera en que se tenga que reprimir, el trabajo sexual y las personas que lo ejercen deben desaparecer del territorio de la Provincia de Córdoba, quedando solo aquellos lugares que puedan ser controlados y ser útiles para continuar con las prácticas corruptas que desde hace años encubren el accionar de las bandas mafiosas”.

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