lunes , 23 de septiembre, 2019

Abortos no punibles: rechazan pedido de ampliación de la cautelar a hospitales nacionales

Se concedió el recurso de apelación presentado por la Provincia

La asociación civil Portal de Belén formuló el lunes último una ampliación de la demanda que persigue la declaración de inconstitucionalidad la Resolución Ministerial y la “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles”, emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. En esta nueva presentación, la entidad solicitó que la medida cautelar otorgada, es decir, la suspensión provisoria de la aplicación del protocolo en los casos de abortos por violación se haga extensiva a la totalidad de los centros de salud, públicos o privados, y dependan de quien dependan (Estado Nacional incluido), que actúen en el ámbito territorial de la Provincia. También pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal en todos sus términos.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1º Instancia y 30º Nominación de Córdoba rechazó esta petición cautelar, con fundamento en que, en lo que respecta al Estado Nacional (y los centros de Salud que de él dependen), la Provincia no tiene el poder de policía, motivo por el cual el peticionante deberá ocurrir “por la vía que corresponda”. En relación a los demás centros de salud, se hizo presente que en el decreto originario no se efectuó limitación o enunciación alguna, y por ende, la Provincia debe cumplir la medida en todos los centros de salud que sean de su jurisdicción, públicos o privados, en donde ejerza el poder de policía.

Cronología

Cabe recordar que el expediente  “Portal de Belén Asociación Civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Amparo”, Expe. Nº 2301032, fue iniciado el jueves 12 de abril. La demanda persigue la declaración de inconstitucionalidad la Resolución Ministerial y la “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles“, Nº 93/12 del 30 de marzo de 2012, emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. En el decreto de admisión, se dispuso dar trámite a la acción de amparo. Asimismo, se emplazó a la Provincia de Córdoba contestar el informe del artículo 8 de la Ley 4915, en el plazo de ley. Se dispuso dar intervención al asesor letrado y también al fiscal civil que por turno corresponda, en razón del planteo de inconstitucionalidad formulado.

Con la misma demanda, se solicitó como medida cautelar “que se ordene al Poder Ejecutivo Provincial, por vía de la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Salud de la Provincia, la suspensión de la Aplicación de la Resolución Ministerial y la ‘Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles’ en todo el territorio de la provincia, atento su manifiesta inconstitucionalidad, y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en este expediente”. En el decreto de admisión, el juez admitió parcialmente dicha cautelar, limitándola “para el supuesto allí previsto de ‘Procedimiento en Caso de Violación’, hasta tanto se dicte resolución en esta causa”. Esto es: no se admitió la cautelar en el caso del aborto terapéutico, del inc. 1º del art. 86 del Cód. Penal. Pero sí se lo hizo para todo caso de violación, y en forma provisoria (como ocurre en toda medida cautelar), con el siguiente fundamento: “es procedente conceder la medida cautelar peticionada, desde que prima facie se evidencia un conflicto normativo entre lo dispuesto en dicha resolución -en el sentido de que para cualquier caso de violación el procedimiento a seguir impone únicamente la presentación de una declaración jurada de la embarazada o su representante-, y lo establecido en el art. 4 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, los arts. 63 y 70 del Cód. Civil, la Ley 26.061, la Convención Americana sobre derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, estas últimas de raigambre constitucional en razón de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna”.

Se libró el oficio el viernes 13 de abril que fue presentado el mismo día ante la Provincia. El lunes 16 de abril compareció la Provincia y solicitó la suspensión de los plazos para apelar la cautelar, en razón de que el expediente se encontraba prestado. El expediente fue devuelto el martes 17 de abril por Portal de Belén, quien agregó una nueva presentación, que consta de dos partes: a) La ampliación de la demanda, en el sentido de que también pide la declaración de inconstitucionalidad del art. 86 del Cód. Penal en todos sus términos; b) La ampliación de la cautelar anterior, o una nueva medida cautelar, solicitando que la ya concedida (cabe recordar que es sólo en caso de aborto por violación) se haga extensiva a la totalidad de los centros de salud, públicos o privados, y dependan de quien dependan (Estado Nacional incluido), que actúen en el ámbito territorial de la provincia.

Mediante un decreto emitido el martes se rechazó esta petición cautelar, con fundamento en que en lo que respecta al Estado Nacional (y los centros de Salud que de él dependen) la Provincia no tiene el poder de policía, motivo por el cual el peticionante deberá ocurrir “por la vía que corresponda”. En relación a los demás centros de salud, se hizo presente que en el decreto originario no se efectuó limitación o enunciación alguna, y por ende, la Provincia debe cumplir la medida en todos los centros de salud que sean de su jurisdicción, públicos o privados, en donde ejerza el poder de policía. Se fundó lo señalado en la normativa provincial vigente al respecto. Asimismo, y como lo indicara al principio, se tuvo por ampliada la demanda (en relación al pedido de inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal).

Por último, y encontrándose el expediente a despacho para resolver estas cuestiones, la Provincia, en un “para agregar”, compareció y planteó apelación del decreto mediante el cual se admitió la medida cautelar. Se dictó el decreto correspondiente, mediante el cual se concedió el recurso de apelación. Una vez notificado este último, se procederá al sorteo de la Cámara de Apelaciones.

 

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