miércoles , 16 de octubre, 2019

Universidades con libre acceso

La reforma de la Ley de Educación Superior (LES) establece como irrestricto el ingreso a la educación universitaria. Así mismo, se contempla la eliminación de tasas contributivas, arancel o tarifas.

Llegando al final del ciclo K, el oficialismo nacional hace eco a una de las demandas más grandes y continuas en materia de educación. Si bien son reformas parciales, ya que simplemente se modifican ciertos artículos, la Ley de Educación Superior (LES), sancionada bajo una enorme polémica en los años 1995, continúa vigente.

Los dos principales artículos modificados responden a aquellos sobre la gratuidad de la educación universitaria, y los “exámenes eliminatorios”, delimitando la forma en que las casa de estudio recibirán su financiación y el espectro de “libre acceso”, hasta ahora fijado por cada una de las unidades académicas.

Universidad pública, para todos

Habiendo recibido media sanción en Diputados en 2013, la modificación del artículo 7 establece el acceso a la universidad como “libre e irrestricto”, es decir que se prohibirán los “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”.

“Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”, dice el artículo 7.

Sin embargo, a pesar que las Facultades ya no tengan la potestad para decidir el mecanismo de ingreso, las Universidades sí, con lo cual, en el polémico caso de la Facultad de Ciencias Médicas, la decisión quedaría librara al HCS, los decanos y el rector.

Por otro lado, en el artículo 2° queda explicitado que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.

A su vez, garantiza que sean “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización” de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales. Sin embargo, este punto evidencia las múltiples desigualdades socioeconómicas que responden a la lógica coparticiparía que tiene cada provincia, donde los fondos destinados por el tesoro nacional son desiguales.

Además, el incorporado artículo 2 bis establece la “prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” sobre las carreras de grado en las universidades públicas.

La regularidad, otra cuestión a debatir

Por otro lado, por la nueva ley, cada universidad podrá definir los requisitos que deben cumplir los estudiantes para ser alumnos regulares. Hasta ahora, en las universidades con menos de 50.000 alumnos, debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos.

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