miércoles , 16 de octubre, 2019

Tras recusar a Bonadío, allanaron el edificio donde vive Cristina

Personal de la Policía Federal allanó departamentos del edificio, pero no el domicilio de la ex presidenta ya que goza de fueros por ser senadora. Más temprano se presentó a indagatoria en la causa por los cuadernos de Centeno.

Personal de la Policía Federal allanó ayer el edificio donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que se presentara ante los tribunales de Comodoro Py en el marco de la indagatoria en la causa por los cuadernos de Omar Centeno y recusó al juez federal Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli, a la vez que hizo un planteo de nulidad.

El operativo se llevó adelante en departamentos del edificio de la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, aunque no se ingresó a la vivienda de la ex mandataria ya que goza de fueros por ser senadora nacional.

Al respecto, el abogado defensor, Gregorio Dalbón, afirmó que “se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no pertenecen a Cristina”.

En declaraciones a la prensa, el letrado remarcó que el operativo “es violencia pura” y que “quieren amedrentar” a la ex mandataria nacional para “tapar realmente lo que está pasando en el país”.

“Como los servicios la investigan en el Instituto Patria, quizás también la investiguen acá. Yo voy a tomar fotos de todos los autos”, afirmó a la vez que reprochó que “esto ya no es arbitrariedad, sino que es ilegal. Ningún domicilio de la senadora Cristina Kirchner puede ser allanado sin permiso del Congreso de la Nación”.

Más temprano, Cristina se presentó a declarar  Bonadio en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita, basada en las fotocopia de los escritos de Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, donde presentó un escrito ante el magistrado y se negó a responder preguntas.

Asimismo, publicó un texto el su cuenta de Facebook:

Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona.

Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI.

Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa.

Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri.

Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ‘90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas.

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