domingo , 22 de septiembre, 2019
Corte-Jura-Rosatti

Trabajadores deberán pagar los gastos por honorarios profesionales cuando pierdan un juicio laboral

La Corte resolvió que cuando un trabajador pierde, por su culpa, un proceso debe pagar los gastos por honorarios de abogados y los peritos que hayan intervenido.

La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer que cuando un trabajador pierda un juicio laboral, por su culpa, deberá pagar todos los gastos por honorarios profesionales que ese juicio ocasionó.

Así lo resolvieron los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosenkrantz, en la causa “López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente – ley especial”.

En el caso en cuestión, el demandante, Enrique López, denunció que en el trayecto hacia su trabajo había sufrido un accidente que lo dejó parcialmente incapacitado y reclamó que la ART de su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos del trabajo.

Sin embargo, López nunca se presentó a las citaciones para que el perito médico designado por la justicia lo examinara por lo que acción fue rechazada ante la imposibilidad de comprobarse si efectivamente estaba incapacitado.

Pese a que la demanda fue rechazada debido a que el trabajador que no concurrió a las citaciones del médico, la Sala III de la cámara laboral porteña resolvió que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio tenía que pagarlos la compañía aseguradora demandada pues, de lo contrario se violaría el derecho de acceso a la justicia consagrado por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, ahora, la Corte Suprema revocó la decisión de la cámara al considerar que, como el rechazo de la demandada se debió a la actitud renuente del trabajador, no había motivos para apartarse del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios que ese juicio.

Asimismo, el máximo tribunal del país entendió que “no se verificaba que en este caso se hubiera puesto en cuestión el derecho del trabajador a formular su reclamo ante los tribunales competentes”.

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