martes , 20 de agosto, 2019
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Testigo aseguró que Viarnes está en Pergamino

Se trata de Daniel Cordoba, quien declaró en el marco del juicio por el narcoescándalo y confirmó la relación del policía encubierto con Sosa y aseguró que lo vio que Berni le entregaba dinero.

En la tercera audiencia del juicio por el narcoescándalo, un testigo clave aseguró ayer que el ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, le entregó dinero a Juan “el Francés” Viarnes y que éste, prófugo desde hace dos años, está en Pergamino, bajo protección de la Policía bonaerense.

“(Viarnes) está en Pergamino, hace rato que está allá. Él fue informante de la Policía de Pergamino, y sigue trabajando para la Policía de Buenos Aires”, dijo Daniel Córdoba al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 2.

Además, Córdoba confirmó la relación entre Viarnes y los policías imputados al asegurar que siempre nombraba al ex comisario mayor Rafael Sosa, y a los ex comisarios Gustavo González y Alfredo Saine.

Asimismo, el testigo aseguró que Viarnes “organizaba” los operativos, negando que haya sido coaccionado por los policías.

Además de Sosa, González y Saine, están imputados los exoficiales Mario Osorio, Fabián Peralta Dattoli, Franco Argüello y Cristián Damián Ingas por los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “privación ilegítima de la libertad” y “abuso de autoridad”, entre otros.

En tanto, la acusación estará a cargo del fiscal Enrique Senestrari y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico de la Procuradoría General de la nación, Abel Córdoba, y está previsto que declaren 33 testigos.

El caso se hizo público a fines de 2013 cuando la Justicia Federal detuvo a los sospechosos por supuestos vínculos con narcotraficantes de la provincia y comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos“.

Entre esos actos delictivos se descubrió “la generación de sumarios policiales basados en información falsa” y “la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)” que exigían dinero para “favorecer o agravar causas judiciales”.

Además, los imputados se encargaban de “plantar” estupefacientes para producir detenciones y realizar procedimientos policiales con secuestros de drogas que luego ellos mismos comercializaban.

Para la Justicia, estos efectivos generaban “informes ideológicamente falsos, detenciones ilegales, manipulaciones de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y falsa información” con lo que engañaban a los fiscales y tribunales federales intervinientes.

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