martes , 17 de septiembre, 2019

Suspendieron la intervención del AFSCA y restituyeron a Sabbatella

Dos jueces federales aceptaron amparos, pedidas por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, contra la intervención del organismo y dejaron interinamente sin efecto tres decretos.

Dos jueces federales, uno porteño y otro de San Martín, dejaron ayer interinamente sin efecto tres decretos presidenciales que dispusieron la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y desplazaron a su directorio encabezado por Martín Sabatella.

La decisión la adoptaron el juez federal N° 7 en lo Civil y Comercial de CABA, Iván Garbarino, y la jueza federal N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, quienes aceptaron sendos pedidos de amparo contra los decretos 13/15, 236/15 y 267/15 habían sido pedidas por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, respectivamente.

En su aspecto dispositivo, las resoluciones judiciales significan la suspensión de todo lo actuado por el Ministerio de Comunicaciones, la intervención de Afsca y el Ente Nacional de Comunicación, en contra de la ley 26.522.

En concreto retrotraen la situación al momento previo a la asunción del interventor Miguel de Godoy y restablecen en sus puestos a funcionarios y empleados desplazados, entre ellos a Sabbatella.

En su resolución, el juez Garbarino dispuso “suspender provisoriamene los efectos que deriven de los citados decretos” hasta tanto se resuelva la medida cautelar y se determine la competencia del caso.

A su vez, la medida del juez de San Martín dispone “la suspensión inmediata de los efectos de los decretos 13/15; 263/15 7 276/15”, así como de “toda norma que modifique o altere las ley 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Asimismo, la jueza Forms requirió al Poder Ejecutivo que en un plazo de tres días le informe del tema para poder expedirse de manera definitiva, según la ley que regla las cautelares contra el Estado nacional.

(Fuente: Telam)

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