martes , 20 de agosto, 2019
Rafael Sosa

Sosa negó los hechos de los que se le acusan en la primera audiencia del juicio por el narcoescándalo

Además del ex director de Lucha contra el Narcotráfico, otros cinco ex policías son juzgados por “asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, violación de secretos, extorsión y falso testimonio”.

En el inicio del juicio por el narcoescándalo, el ex director de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, Rafael Sosa, quien es juzgado junto a otros seis ex policías por irregulares en el área de Drogas Peligrosas, vínculos con narcotraficantes y comercialización de estupefacientes, declaró y negó los hechos de los que se lo acusa.

Ante el tribunal federal integrado por los jueces Miguel Hugo Vaca Narvaja, Mario Garzón y Luis Herrera Piedrabuena, Sosa argumentó que “quien se mete en el narcotráfico se mete para ganar dinero y yo tengo la misma casa desde hace 20 años

Asimismo, acusó a Juan Francisco “Francés” Viarnes, también imputado, de ser “un chanta y nos engañó a todos. No lo digo yo, lo dijeron en varias audiencias”.

En este sentido, el acusado se refirió al policía fallecido Juan Alós al afirmar que “la mentira de Viarnes costó sangre”.

Además, Sosa afirmó que “está mal planteada la asociación ilícita, acá faltan integrantes. De ninguna manera me refiero a que hay que sumar gente, sino a que está mal planteado porque no existe esa asociación ilícita”.

Además de Sosa, se sentarán en el banquillo de los acusados Alfredo Damián Seine, Mario Enrique Osorio, Franco Sebastián Argüello, Fabián César Peralta Dáttoli, Gustavo Julio González, Cristián Damián Ingas y Viarnes, un civil que ejercía de policía encubierto y se encuentra prófugo. Los  imputados están  acusados por los delitos de “asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, violación de secretos, extorsión y falso testimonio”.

En tanto, la acusación estará a cargo del fiscal Enrique Senestrari y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico de la Procuradoría General de la nación, Abel Córdoba, y está previsto que declaren 33 testigos.

El caso se hizo público a fines de 2013 cuando la Justicia Federal detuvo a los sospechosos por supuestos vínculos con narcotraficantes de la provincia y comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos“.

Entre esos actos delictivos se descubrió “la generación de sumarios policiales basados en información falsa” y “la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)” que exigían dinero para “favorecer o agravar causas judiciales”.

Además, los imputados se encargaban de “plantar” estupefacientes para producir detenciones y realizar procedimientos policiales con secuestros de drogas que luego ellos mismos comercializaban.

Para la Justicia, estos efectivos generaban “informes ideológicamente falsos, detenciones ilegales, manipulaciones de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y falsa información” con lo que engañaban a los fiscales y tribunales federales intervinientes.

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