domingo , 20 de octubre, 2019

Se realizó la primera audiencia pública por la Ley de Medios

La Corte reunió al Gobierno, al Grupo Clarín y a los “amigos del tribunal”, que se expidieron sobre la constitucionalidad de la norma sancionada por el Congreso en 2009. Continúa mañana a las 10.

La Corte Suprema de Justicia abrió hoy una audiencia pública, que es la última instancia de debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual antes que se pronuncie sobre de la constitucionalidad de dos artículos de la norma cuestionados por el Grupo Clarín.

Paralelamente, organizaciones sociales y políticas se concentraron en Plaza Lavalle para manifestar su respaldo a la ley de Medios.

El encargado de abrir el debate fue el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien consideró que se estaba ante “un caso de trascendencia nacional, que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad“.

El primer turno para los amicus curiae fue para el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de medios y designado por Clarín, quien sostuvo que la nueva ley es “arbitraria” e “irrazonable”.

Aranguren sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos“.

En segundo orador fue Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas y en representación del Estado, quien reclamó a la Justicia que disponga “la plena” vigencia de la norma, ya que es “vergonzosa e injustificada la demora” de su aplicación.

Szmukler acusó de “monopolio” al grupo Clarín y de “desinformar”, a la vez que aseguró que con la plena vidgencia de la norma se asegura “que todos los habitantes de esta tierra tengan derecho a generar y recibir información veraz“, en el marco de una “autentica democracia”.

También por el grupo Clarín, Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, se expresó a favor de “la defensa de la libertad de expresión y de la actividad empresaria“.

Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EE.UU. para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país “nunca se aplicó” la regulación en los operadores de cable.

El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, destacó que se está transitando “un momento histórico en la constitución democrática argentina”, por lo que “las mejoras institucionales van de la mano con las controversias contra aquellos que tienen intereses” como parte “ineludible” del proceso.

Consideró que “los servicios audiovisuales son decisivos para la formación del consenso. Aquí está en juego la libertad y la democracia“.

Luego fue el turno de Luis Pardo (Adepa), que apoyó la postura del Grupo Clarín e indicó que “las medidas antimonopólicas deben asegurar la libertad económica y la libertad de expresión”. Al respecto, apuntó: “De declararse la constitucionalidad (de la ley) se producirían efectos indeseables en términos de pluralismo y se precarizará la sustentabilidad de los medios privados“.

Por su parte, Víctor Abramovich, representante del Poder Ejecutivo Nacional, opinó que el Estado tiene la obligación de regular la concentración “para facilitar debate público”. Y la intervención estatal, manifestó, “se justifica aún cuando lesione un interés particular, si es en pos del bien común“.

Abramovich señaló además que no es el Estado la única posible amenaza a la libertad de expresión, sino que también la hace peligrar “la concentración privada”.

En representación del Comité del Consumidor (Codelco) habló Eliseo Verón, quien consideró que “la ley es obsoleta desde el día que salió publicada en el Boletín Oficial” porque no tuvo en cuenta el desarrollo de internet y las redes sociales.

“Con la infraestructura tecnológica de la Red, no hay ninguna razón para limitar voces y que vengan otras, porque todos caben en la situación actual”, completó.

Uno de los discursos más encendidos fue el que pronunció Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), quien arremetió contra las prácticas del Grupo Clarín porque “durante 29 años se marginó a sectores como el nuestro“.

Con respecto a la aplicación de la ley de medios, señaló que “el pluralismo es una necesidad de la democracia, no del mercado, que, si no es controlado, con seguridad tenderá a la concentración”. “No sólo hay que dar la palabra, sino asegurar que el volumen de unos no tape el de otros“, finalizó.

El último orador que defendió la demanda de Clarín fue el abogado Lucas Grossman, quien señaló que “la libertad de expresión y la defensa de la competencia van de la mano“, por lo que con la aplicación de los artículos en cuestión “no sólo se reduciría la cantidad de información sino la calidad”.

Luego llegó el turno de Horacio Verbitsky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comenzó con una crítica: “Celebramos la iniciativa de la Corte a favor de la transparencia y la comunicación, pero no coincidimos en la transformación del ‘amicus curiae’ en un subordinado ‘amicus partis’“.

De inmediato, el periodista profundizó: “Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la Justicia, y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de al voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes, hay un país afuera”.

En el cierre de su breve alocución, Verbitsky apuntó decididamente contra la “escandalosa dilación judicial que paralizó durante cuatro años una ley elaborada con la mayor participación social que se recuerde”.

Luego fue el momento de los denominados independientes: el primer turno fue para Cynthia Ottaviano, por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Poder Legislativo de la Nación), quien consideró que “la información pertenece al público, ni a una empresa ni al periodista, por eso no puede estar en pocas manos, menos aún en una sola. Si uno grita y los demás susurran, no hay elección posible. Es tiempo de considerar a la información como un derecho, no como una mercancía“.

“Es decisión de esta Corte permitir que avance la democracia o hacerla retroceder 30 años en un segundo. Que defina quién es David y quién es Goliath. Que Dios los ilumine para que vean lo que todos nosotros vemos y declaren la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Finalmente, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo la oportunidad de ponerle punto final a la primera jornada de audiencia y lo aprovechó para pegarle sin contemplaciones al Grupo Clarín: “Le solicito a esta corte que dicte un fallo histórico develando las falacias de este proceso“.

“Hoy son los medios los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos. Le pido a la Corte que garantice el derecho de todos los argentinos a tener una ley que garantice la comunicación democrática”, finalizó.

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