martes , 23 de julio, 2019

Se puede hacer juicio a magistrados por su responsabilidad civil

Por mayoría, la Corte Suprema estableció la validez del artículo 93, inciso 7, de la Constitución de Santa Fe, en cuanto dispone que los magistrados provinciales son enjuiciables por responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de haber sido suspendidos ni removidos previamente por juicio político o jury de enjuiciamiento.
El Máximo Tribunal dictó su fallo en la causa “Marincovich, José Antonio c/ Vargas Abraham Luis s/ responsabilidad civil contra magistrados judiciales”, con la firma de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Carlos Fayt.
En su voto, la mayoría afirma que la regulación establecida en la Constitución Nacional (CN) respecto de los jueces nacionales (artículo 60) no es extendible a los provinciales, en la medida en que aquélla reconoce la autonomía de las provincias para organizar sus instituciones, resguardando el principio republicano de división de poderes.
En ese sentido, destacó que la CN no asume ninguna postura respecto de la responsabilidad civil de los magistrados derivada de la actividad judicial que resulte aplicable a jueces provinciales.
Asimismo, explicó que -a la luz del federalismo argentino- no hay fundamento para exigirles a las provincias el respeto de una cláusula que la misma Constitución no estableció para ellas.
Sobre el caso, plasmó que si bien el reconocimiento de responsabilidad civil sujeta a los jueces a una instancia de escrutinio de su desempeño profesional, no permite por si sólo sostener que, en los términos en que ha sido cuestionada la constitucionalidad del artículo 93, inciso 7, de la Constitución de Santa Fe, la ausencia de inmunidad de jurisdicción de los magistrados afecta la sustancia de su garantía de independencia.
Así, el examen de Highton de Nolasco, Maqueda, Argibay y Fayt descartó una confrontación entre el texto de la CN y la norma local santafesina, estableciendo que debe primar el principio de autonomía que da sentido al federalismo, en virtud del cual las provincias conservan todo el poder que no delegaron, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas, eligiendo sus autoridades sin intervención del Gobierno central.
“De tal afirmación se deriva, entre otros principios fundacionales de la organización del poder en la República Argentina, que las cuestiones relativas a los Estados provinciales que no afectan los principios de la organización del Estado federal están reservadas a las instancias judiciales locales”, enfatizaron.
Pautas básicas
Finalmente, subrayaron la importancia de aquellas pautas de interpretación básicas al momento de evaluar las normas que –con mayor fuerza tras la vigorización del esquema federal que surge de la reforma constitucional de 1994- gobiernan las relaciones de autonomía, participación, coordinación y subordinación al orden nacional de los sujetos firmantes del pacto constitucional argentino.
En disidencia, los jueces Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni resolvieron declarar mal concedido el recurso extraordinario.

(Fuente. Comercio y Justicia)

 

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