miércoles , 20 de noviembre, 2019

Río Tercero: Ratifican el rechazo de la incorporación de un concejal electo

El TSJ concluyó que el Concejo Deliberante de Río Tercero no incurrió en arbitrariedad al impedir que asumiera quien, habiendo sido elegido por un partido, se postuló por otro para otro cargo

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) concluyó que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Tercero no incurrió en arbitrariedad, sino que actuó en el marco de las atribuciones que le concede la Carta Orgánica Municipal (COM), cuando se opuso a la incorporación como edil de Juan Pablo Peirone. El Concejo había rechazado el diploma de Peirone el 27 de noviembre de 2007 por considerar que era “moralmente inidóneo” dado que, después de haber sido electo concejal por la Unión Cívica Radical (UCR) en los comicios municipales celebrados el 15 de abril de 2007, se presentó como candidato a legislador en las elecciones provinciales del 2 de septiembre de ese mismo año pero por el Frente Cívico.
La causa llegó al TSJ como consecuencia de los recursos de casación deducidos por el Concejo Deliberante y por la Municipalidad de Río Tercero contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de esa ciudad, que había confirmado el fallo de primera instancia. Este último pronunciamiento, al admitir la acción de amparo promovida por Peirone, había declarado ilegal la resolución dictada por el Concejo por entender que vulneraba el derecho a ser elegido para un cargo público y que el examen realizado por los ediles no se había limitado a los títulos expedidos por la Junta Electoral, sino a un hecho acaecido con posterioridad a la elección. No obstante, el Alto Cuerpo determinó que correspondía hacer lugar a los recursos de casación y ratificar lo decidido por el Concejo Deliberante.
El TSJ se expidió pese a que, en los hechos, en 2011 concluyó el período para el que había sido elegido Peirone sin que este pudiera asumir la banca. El Alto Cuerpo esgrimió que, “si bien el pronunciamiento podría considerarse inoficioso por resultar de cumplimiento imposible”, subsiste un “interés institucional”, relacionado con la necesidad de “resguardar la soberanía del pueblo” y para evitar “la posibilidad de la repetición” de casos similares en el futuro, “lo que justifica una decisión esclarecedora que sirva de referente exegético”.
El Alto Tribunal remarcó que la calidad de concejal “no se adquiere en una única instancia”, sino que supone un complejo proceso que culmina con “el control o examen de los títulos, calidades y derechos por parte del Concejo Deliberante”, que “tiene la facultad de desplegar dicho control –si bien como competencia limitada sólo a los proclamados y observando un procedimiento reglado en el marco del ejercicio discrecional de su accionar político reconocido y establecido por la Carta Orgánica Municipal”.
Los magistrados subrayaron que, en la doctrina y en la jurisprudencia, conviven dos tesis respecto de la magnitud del control que puede concretar un Congreso, Legislatura o Concejo Deliberante: la restrictiva y la amplia. Según la primera, el examen debe limitarse a los “recaudos objetivos exigidos para ser legislador (o concejal) y a la constatación simplemente formal de la validez del título”. Mientras que, según la segunda postura, que es la que se siguió en Río Tercero, el examen puede “incluir otras condiciones o exigencias para la admisión del legislador electo”. No obstante ello, en este caso se suma la particularidad de que el hecho juzgado por el Concejo fue posterior a la elección municipal.
Como consecuencia, el TSJ estimó que “la resolución del Concejo Deliberante de Río Tercero que negó la incorporación del actor (en alusión a Peirone) no ha incurrido en un mero voluntarismo, pues no cabe calificarla como un apartamiento grosero, indudable ó inconcebible de la norma en juego”.
Asimismo, el Alto Cuerpo evaluó la incidencia que la eventual incorporación de Peirone al Concejo (pero por el Frente Cívico y no por la UCR) hubiera ocasionado teniendo en cuenta que “el sistema electoral aplicable es de listas cerradas y bloqueadas, proporcional impuro, con piso o umbral electoral de participación”. “La situación registrada produce efectos directos sobre la previsión contenida en el inciso 3 del artículo 176 (de la COM), por cuanto afecta la distribución de bancas en relación a la cláusula de ‘gobernabilidad o correctivo mayoritario’ allí estipulada. Esto provocaría un cambio de gobierno y la consecuente vulneración del legítimo resultado electoral emanado de la voluntad popular, algo que a nivel municipal tiene una repercusión innegable en relación al falseamiento de la representación política que pueden llegar a generar situaciones como esta”.
Asimismo, el TSJ enfatizó que “el artículo 96 (de la COM) claramente dispone que no podrán integrar bloques separados los concejales electos por una misma lista, debiendo agruparse en tantos bloques como listas electorales tengan representación en el Cuerpo”. “Surge con claridad meridiana que los candidatos propuestos por una fuerza política no cuentan con libertad a la hora de conformar u optar por un bloque dentro del Concejo. Tal impronta normativa deja en claro la voluntad de los convencionales, al redactar el texto de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto ha sido su intención promover y preservar la unidad de actuación de las diferentes fuerzas políticas, más allá de la voluntad de los representantes por ellas postulados”, manifestaron los siete vocales del TSJ.

 

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