sábado , 19 de octubre, 2019

Rechazan amparo de Portal de Belén contra la manipulación genética de embriones

La Cámara en lo Contencioso Administrativo destacó que la conservación y el destino final de embriones no implantados requiere una previa definición del Congreso.

La Cámara en lo Contencioso Administrativa de 2° Nominación no hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el Portal de Belén Asociación sin fines de lucro en contra de la Clínica de Fecundación Asistida “Fecundart” y del Estado Provincial de Córdoba, con el objeto que se ordene de manera inmediata el cese de la práctica conocida como “Diagnóstico Genético de Preimplantación” (DGP) y todo otro procedimiento de manipulación genética de embriones por resultar manifiestamente contrario a la legislación.

La entidad también había requerido el cese de toda otra práctica que vulnere el principio de inviolabilidad de la vida y la persona humana; y que se designe inmediatamente la tutela judicial en protección de la totalidad de las personas por nacer que se encuentran abandonadas por sus padres y en situación de riesgo inminente de muerte en todos los centros y/o laboratorios públicos y privados que se dedican a la práctica de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de la provincia de Córdoba, y que tengan embriones criopreservados en la actualidad, previo censo de estos.

En su voto, el vocal Humberto Sánchez Gavier advirtió que la problemática impone debatir respecto a la naturaleza jurídica del embrión no implantado y el destino de aquellos que se crioconservan.

La trascendencia que encierra el DPG, teniendo en cuenta que es una técnica de diagnóstico y no terapéutica que implique alterar genéticamente el embrión, radica en las consecuencias de su realización, esto es, en la selección de embriones obtenidos mediante Fecundación In Vitro (FIV) y la posterior transferencia al útero materno únicamente de aquellos genéticamente sanos y viables, a fin de lograr un embarazo libre de enfermedades genéticas, y en consecuencia, concluye que se trata de una actividad lícita que en modo alguno justifica prohibir su utilización.

No obstante ello, el magistrado destacó que aparece la problemática de la conservación y el destino final de aquellos embriones no implantados, que necesariamente requiere una previa definición del Congreso de la Nación para poder exigir de las Provincias actuaciones positivas en relación al tema. El camarista consideró que los jueces exceden sus potestades si pretenden sustituir con decisiones propias la competencia asignada por la Constitución a los otros poderes del Estado.

En función del voto del vocal Sánchez se concluyó que la ausencia de norma legal que establezca con precisión las cuestiones sustanciales mencionadas, impide la actuación judicial que se pretende y que el vacío legislativo relacionado a algunos aspectos vinculados al TRHA y al DGP no habilita al tribunal para decidir en relación a su aplicación, dado que, tratándose de una práctica no prohibida por el derecho vigente en las actuales condiciones, requiere de una evaluación cuidadosa con mayor debate y prueba que, debido a la complejidad de la cuestión, excede también el marco excepcional y expedito de la acción de amparo.

En la misma línea, la vocal María Inés Ortiz de Gallardo afirmó que que el DGP no esté incluido en la cobertura del PMO que reconoce la Ley 26.862 no significa que el DGP esté expresa o implícitamente prohibido como práctica médica, cuando está expresamente relacionado en la normativa analizada.

En definitiva, según este voto, la acción de amparo debe proceder solamente con el alcance de exhortar a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y, por su intermedio, a los legisladores provinciales y nacionales a promover el debate democrático y participativo para alcanzar la necesaria reglamentación del estatuto jurídico de los preembriones y embriones humanos y de las implicancias jurídicas del desarrollo científico de la TRHA.

Finalmente, el vocal Leonardo Fabián Massimino, que coincide con los análisis que efectúan los votos preopinantes acerca de la pretensión actora y su oposición por las demandadas, propicia la misma solución de no hacer lugar a la acción de amparo, por entender que es deber del legislador fijar el contenido concreto de las garantías constitucionales en juego, sin que corresponda a los jueces sustituirlos en esa tarea.

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