martes , 20 de agosto, 2019

Realizarán obras en la Terminal sin contratación de empresas privadas

De ser avalado por la legislatura, en 20 días estaría la sociedad del Estado que administrará las dos estaciones. El Gobierno confía en tener resultados superavitarios.

La Provincia espera que en los próximos 20 días logre conseguir el aval de la Legislatura para conformar la sociedad del Estado que gestionará la obras en las dos terminales de ómnibus de la ciudad de Córdoba, estatizadas mediante un decreto del gobernador, José Manuel de Sota, en diciembre pasado.

Al respecto, el ministro de Transporte provincial, Dante Heredia, negó que una vez conformada esa sociedad se vaya a convocar a inversores privados para completar las obras de puesta a punto de la nueva Terminal y refuncionalización de la vieja estación.

“Si este complejo ha sido un negocio para los privados, tiene que serlo para el Estado”, sostuvo Heredia. “Es una actividad que se sustenta a sí misma, por lo que las inversiones se harán a partir de los recursos propios; hay un importante ingreso mensual que proviene de los alquileres, el ‘toque de plataforma’ (que se cobra a las empresas de transporte), el estacionamiento, etcétera”, dijo.

“Las obras se harán sin recurrir al Tesoro del Estado y sin inversiones privadas”, insistió el funcionario. “Seguramente no se podrán hacer inversiones de gran envergadura de una sola vez”, admitió. “Pero esta sociedad tendrá potestad para acceder a los créditos y financiamientos que considere necesarios para las obras que se tengan que hacer”, sostuvo.

Teba, la actual concesionaria de varias terminales en el país –entre ellas la de Retiro, en Buenos Aires–, era una de las que, tras haber quedado fuera del concurso, había ofrecido invertir junto con la sociedad estatal.

De hecho, el viernes último, uno de los representantes en Córdoba de esa firma reiteró a este diario: “Hemos hecho a la Provincia una propuesta, incluso por escrito, para aportar nuestra experiencia y capital. Esperamos que el Gobierno nos llame a dialogar”.

Otra de las oferentes, era la Unión Transitoria de Empresas, que había sido preadjudicataria en el concurso pero que al final tuvo que ser desestimada por tener una empresa de transporte entre sus socias, lo que estaba prohibido por el pliego.

La tercera y última oferente en ese concurso fue CTOC, la sociedad conformada por los actuales locatarios de los comercios de la Terminal, que esta semana volvió a la carga con sus reclamos por considerar que fueron dejados fuera del concurso de manera injusta.

El Gobierno provincial argumentó que CTOC no tenía el suficiente respaldo financiero como para hacerse cargo de la concesión, algo que CTOC niega. “El 7 de febrero presentamos un recurso de reconsideración del decreto que nos dejó fuera y declaró desierto el concurso”, explicó a este diario Carlos Escalera, titular de la sociedad. “Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta”, dijo.

CTOC fue la que denunció, en noviembre pasado, que la preadjudicataria tenía entre sus miembros una empresa de transporte. “Fuimos honestos en ese momento y tuvimos razón. Ahora también lo somos al decir que tenemos capacidad de hacernos cargo de la concesión”, insistió Escalera.

Respecto al recurso presentado por los locatarios, el ministro Heredia dijo que lo está analizando la Fiscalía de Estado y que será esa dependencia la que dará una respuesta.

Asimismo confirmó la voluntad del Gobierno de seguir adelante con la sociedad estatal y adelantó la posibilidad de que se prorroguen los actuales contratos con los locatarios, que vencen el próximo 31 de marzo, hasta que esté conformada la empresa pública.

“Es probable que haya una prórroga de las condiciones actuales, quizás por los próximos 60 días, para que las nuevas autoridades de la sociedad estatal puedan elaborar un proyecto comercial y llevar adelante una negociación”, sostuvo Heredia.

Con respecto a si los actuales locatarios tendrán preferencias a la hora de la adjudicación de los locales (como sí estaba previsto en el pliego del concurso), Heredia dijo que eso lo definirá la nueva sociedad.

Pero sostuvo: “El Estado no tiene por qué garantizar rentabilidad ni permanencia de comerciantes que realizan actividades con fines de lucro. El Estado es propietario de los locales y los pone en alquiler. Seguro habrá interesados entre los que están y en otros que quieren serlo”. Además, dijo que la Provincia ya recibió numerosas presentaciones de nuevos oferentes.

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