viernes , 14 de diciembre, 2018

Promulgan la ley que garantiza la gratuidad universitaria

El Gobierno promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó ayer la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

La promulgó a través del Decreto decreto 2358/2015, publicado ayer  en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni.

La norma, sancionada el 28 de octubre pasado en el Senado de la Nación, modifica algunos artículos de la Ley de Educación Superior,  e incorpora otros a partir de un proyecto presentado por la diputada Adriana Puiggrós.

Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la nueva normativa establece laresponsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”.

Asimismo, garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas”.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

En ese marco, además, se prohíbe “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

(Fuente: Presidencia de la Nación)

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