domingo , 22 de septiembre, 2019

Presentaron el primer amparo en Córdoba contra la reforma previsional

Se trata de jubilado de barrio General Bustos que paga elevados montos por servicios públicos.

El recurso de amparo presentado ayer en Juzgado Federal que pide la protección del derecho de un jubilado de barrio General Bustos que percibe la pensión mínima es una de las primeras repercusiones después de la sanción de la reforma de la Ley de Movilidad jubilatoria que se produjo esta semana.

Los abogados Horacio Viqueira y Valentina Enet, que integran el colectivo “Ciudadanos contra el tarifazo”, acompañaron al jubilado Julio Spidalieri, solicitando una medida cautelar para que se preserve su situación y se mantengan las condiciones de cálculo de sus haberes jubilatorios como se venía haciendo antes de la sanción de la norma.

Es un amparo individual, pero luego vamos a ir haciendo ampliaciones del mismo. Esta semana hicimos una reunión y había muchos casos”, dijo Viqueira minutos antes de la presentación judicial.

“Entre las pruebas vamos a mostrar lo que tiene que pagar de gas, que en época invernal llega hasta los mil pesos por mes”, comentó el abogado.

“Vamos a plantear la inconstitucional de la Ley y pedir que se mantenga la situación antes del ajuste”, afirmó.

La razón del amparo se acreditó en que este jubilado que cobra el haber mínimo se vio perjudicado por la reforma previsional ya que en la nueva forma de cálculo de sus haberes, según se argumentó en el escrito, “los beneficiarios del sistema de seguridad social perderán en marzo del  2018  el 8,9%” de la movilidad.

Entre los documentos presentados por los abogados para justificar la medida están los costos que debe afrontar Spidalieri en términos del pago de servicios públicos.

El amparo está dirigido contra la Anses, que es el órgano de aplicación de la Ley y se solicitó a la Justicia que dicte una medida cautelar a favor de este jubilado y todos aquellos que se adjunten a esta medida para no calcular sus haberes en base a la nueva fórmula impulsada por  el gobierno de Mauricio Macri  y avalada en el Congreso.

Estos es, que en favor de proteger “el derecho de carácter alimentario” suspenda en estos casos la norma impugnada.

El planteo de los abogados agrega además un pedido de inconstitucionalidad no sólo de la ley, sino también del decreto que permite el pago de un bono compensatorio, por considerarlo discriminatorio.

(Fuente: La Voz)

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