miércoles , 20 de noviembre, 2019

Por críticas de intendentes se suspendió la reunión de la Mesa Provincia Municipios

El fuerte malestar que generó entre las intendencias del Frente Cívico y del radicalismo la sorpresiva sanción de la nueva Ley de Competencias Territoriales para los Municipios y Comunas de Córdoba, obligó a la administración que lidera José Manuel de la Sota a suspender de manera imprevista la última reunión de la Mesa Provincia-Municipios que iba a desarrollarse ayer en el Centro Cívico.

Pese al hermetismo reinante en los foros de intendentes de la UCR y del Frente Cívico, LA MAÑANA pudo saber a través de fuentes confiables de Jefatura de Gabinete, que la aprobación de esta norma sin discusión previa en el seno de la Mesa Provincia-Municipios, provocó el enojo de los jefes comunales que responden a la oposición, ya que se trata de un tema que debió tratarse indefectiblemente en este organismo de diálogo creado por De la Sota durante su primer gobierno.

Dentro del radicalismo, los intendentes que conducen el Foro sólo admitieron diplomáticamente que están “estudiando la ley” y que por ahora no tienen posición tomada al respecto.

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Provincia-Municipios que estaba prevista para ayer y no hay nueva fecha para ella.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que el bloque de legisladores de la UCR votó en contra de la iniciativa con duras críticas hacia la misma, cae de maduro que los intendentes también están en contra de la misma porque son los principales perjudicados.

Algo similar ocurre en el seno de la Federación de Municipalidades de Córdoba (Femucor) que lidera el intendente de Oliva, Oscar Tamis.

Desde este ente ligado al Frente Cívico, esperan unificar posiciones con las autoridaes partidarias y legislativas para emitir un fuerte comunicado en contra de la norma.

No se descarta en este contexto, que tanto la UCR como el Frente Cívico soliciten a De la Sota el veto de la norma porque afecta las autonomías municipales y comunales.

La norma que fue aprobada por la Legislatura en tiempo récord y sin la discusión previa en la Mesa Provincia-Municipios deja en manos de las comunidades regionales y del propio Gobierno de Córdoba aquellas áreas geográficas municipales y comunales que pese a estar aprobadas por ley, no reciben servicios de los intendentes.

Para los jefes comunales esto implica un avasallamiento de las autonomía que garantiza la constitución puesto que deja en manos del criterio discrecional de la Provincia determinar que se considera como prestación de servicios. Se otorga además el poder de control sobre esas zonas a diversos organismos provinciales como son las Direcciones de Vialidad o de Tránsito.

Además, se establece que en esas áreas geográficas pertenecientes a ejidos municipales o comunales donde supuestamente no hay servicios, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia tendrá competencia sobre los canales de riego y de drenaje acuífero.

También se deja fuera de la jurisdicción de las administraciones locales aquellos inmuebles rurales ubicados en esos sectores geográficos específicos, que mantienen su condición de rústicos.

Esto implica la imposibilidad de cobrarles tasas municipales o tributos comunales en esos sectores particulares pese a que están incluidos dentro de los ejidos municipales a través de las respectivas leyes aprobadas por la Legislatura.

Los intendentes desconocen los motivos reales que llevaron a sancionar esta polémica norma.

 

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