domingo , 18 de agosto, 2019

Planteo del Frente de Izquierda y los Trabajadores por la situación de la Policía Provincial

A través de un comunicado el partido político manifestó que De la Sota debería haber destituido inmediatamente a Alejo Paredes y Ramón Frías.

Asimismo enumeró varios puntos a considerar:

1) La denuncia de un narcotraficante colaborador de la policía provincial señalando el papel activo de la jefatura de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ha derivado en una grave crisis política. Ha quedado expuesta ante la población la descomposición que corroe al principal organismo de represión del estado provincial: la policía. Esta descomposición viene de larga data. Las denuncias vinculando a policías con el delito organizado han sido noticia habitual en los últimos años. Al mismo tiempo la connivencia de los tres poderes del Estado con esta situación indica mucho más que negligencia u omisión, por el contrario, plantea que la organización delictiva supera al aparato policial.

2) Los resultados del allanamiento realizado por la justicia federal a la dirección denunciada son una prueba contundente del involucramiento de altos jefes de la fuerza policial con el narcotráfico y el uso de las dependencias policiales para ese fin. Por acción u omisión, y nos inclinamos mas por lo primero, tanto el jefe de policía como el ministro de seguridad son responsables de los delitos cometidos por estos cinco jefes que hoy están presos en Bower. Incluso el propio De la Sota viene realizando una millonaria publicidad electoral, pagada con fondos públicos, resaltando una supuesta lucha contra el narcotráfico. En esta grave situación el gobernador debería haber destituido inmediatamente al comisario Frías y al ministro Paredes, sin embargo hizo todo lo contrario y los ratificó en sus puestos. Pero el repudio social es tan grande, que éstos se vieron obligados a renunciar.

3) Exigimos el cese de las amenazas e intimidaciones a periodistas y a aquellos que realicen denuncias que afecten a funcionarios de cualquier nivel. Responsabilizamos al gobierno de la provincia de la vida de los denunciantes y de sus familias.

4) Llamamos la atención sobre el hecho de que la situación de la policía de Córdoba es reflejo de una situación generalizada en el país. Está aun intacto el accionar delictivo de la policía de la provincia de Santa Fe, gobernada por el FAP de Binner y la UCR, y la ligazón de la misma con el negocio de la droga, que llevó al jefe de la policía de esa provincia a la cárcel. Se produce en el mismo momento en que el kirchnerismo ha virado públicamente hacia una política de “mano dura” colocando a la cabeza de las fuerzas de represión personajes denunciados por ser parte del delito organizado desde el Estadoy en momentos en que el principal candidato del Kirchnerismo, Insaurralde, ha planteado su proyecto de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores.

5) El Bloque del Frente de Izquierda presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para anular el Código de Faltas y las leyes llamadas “antinarco” y “antitrata” ya que estos elementos jurídicos, -que fueron votados en contra por nuestra legisladora Liliana Olivero y votados a favor por los oficialistas y todo el resto de los “opositores”- sirven para garantizar el accionar y la impunidad de un aparato represivo organizador del delito. También plantearemos la revisión de todos los procedimientos judiciales surgidos como resultado de la aplicación de las mismas.

6) La seguridad de la población está en peligro si perdura esta policía que se reveló como elemento controlador y organizador del “delito mayor”. Planteamos el desmantelamiento del aparato represivo, el inmediato despido de toda la oficialidad involucrada en la denuncia y la formación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por representantes de organizaciones obreras, populares y de los derechos humanos, entre otros, que se aboque a separar de las filas policiales a todos los elementos ligados al delito, al terrorismo de estado y a la persecución y represión a luchadores populares.

Dicha Comisión debe tener además plenos poderes para ejercer el control directo sobre los libros y las dependencias policiales.

Exigimos la cárcel efectiva para todos aquellos funcionarios policiales, políticos y judiciales cuya complicidad o participación en ilícitos sea dictaminada por dicha comisión”.

 

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