jueves , 22 de agosto, 2019

Piden que se declare inconstitucional el Código de Convivencia provincial

La Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política de la UNC interpuso ayer una acción declarativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba contra el Gobierno provincial con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Código de Convivencia que entrará en vigencia el próximo 1 de abril. 

La inconstitucionalidad está motivada en que la indeterminación de la pena máxima para el caso de concursos entre infracciones (artículo 17 del Código de Convivencia) amenaza en forma manifiestamente ilegal y arbitraria los derechos de los ciudadanos cordobeses.

El artículo 17 dispone en su primer párrafo que “cuando mediare concurso de varios hechos independientes de infracciones reprimidas con una misma especie de pena principal, la sanción a imponerse tendrá como máximo la suma resultante de la acumulación de los máximos de las sanciones correspondientes a las infracciones concurrentes. Sin embargo, esta suma no podrá exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate”.

“La indeterminación de la pena máxima en el caso de los concursos se presenta como consecuencia de la falta de determinación de la pena máxima para cada especie de pena, es decir, arresto, trabajo comunitario y multa. La incertidumbre sobre el alcance de la norma en cuestión también afecta tanto a quienes deban aplicarla, los ayudantes fiscales y jueces de paz, como quienes deban controlar su correcta aplicación”, indicaron los letrados.

“Tal situación nos priva como ciudadanos de una respuesta certera a la pregunta sobre cuál es la pena máxima que el Estado provincial puede imponernos. Este problema no es menor dado que es probable que la sistematicidad con la que se aplicaba el Código de Faltas persista como consecuencia de la cristalización de determinadas prácticas institucionales que el nuevo Código de Convivencia no puede desterrar por sí mismo. La sistematicidad en la aplicación del Código vuelve los casos de concursos de infracciones frecuentes”, agrega el comunicado.

Desde la Clínica Jurídica indican que “la pena máxima es una garantía para el ciudadano en orden a determinar cuál es el máximo legal de pena que puede sufrir en caso de cometer dos o más infracciones en el que deban aplicarse las reglas del concurso; y es también una barrera a la potestad punitiva estatal, por medio de la cual se establece hasta dónde puede llegar la coacción estatal no arbitraria”.

Además, la pena máxima excluye dos tipos de arbitrariedades: por un lado, que los jueces de falta no decidan en base a la ley, dado que la ley no establece una respuesta a la pregunta sobre el quantum de la pena máxima, sino en otras razones menos controlables por los ciudadanos. Y por otro lado, la arbitrariedad que supone la aplicación de penas que excedan los límites legalmente establecidos a la coacción estatal y comprometan el derecho a la vida, la dignidad, integridad física y moral, y a la no confiscatoriedad.

 

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