sábado , 7 de diciembre, 2019
PratGay-Caputo

Piden investigar a Macri y su Gabinete por la negociación con los fondos buitre

El fiscal Delgado hizo lugar a una denuncia presentada por el Instituto Arturo Sampay por los supuestos delitos de “traición, defraudación fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

El fiscal Federico Delgado hizo lugar ayer a una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y a todo su Gabinete por la negociación para el pago de la deuda a los fondos buitres y holdouts.

La presentación fue realizada el lunes en los tribunales de Comodoro Py por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del instituto “Arturo Sampay”, por los supuestos delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

Como medida de prueba, el fiscal pidió al juez federal Sebastián Casanello resguardar “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a la cuestión“, para evitar la eventual desaparición de pruebas.

Asimismo, solicitó al magistrado que “con la premura del caso” libre “una orden de presentación” dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que “de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte vinculados a la cuestión de los fondos buitre, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo”.

Además, requirió que se encomiende “también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154”.

La denuncia advierte que si se concreta el pago en los términos acordados, Argentina se endeudaría en 384 mil millones de dólares e implicaría la posibilidad de que surjan nuevas demandas de los bonistas que aceptaron el canje en el 2005 y el 2010.

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