viernes , 19 de julio, 2019

Piden imputar a De Vido y citar a Cristina en la causa Once

La Cámara Penal y Correccional Federal realizó en Comodoro Py una audiencia con las distintas partes involucradas en la tragedia de Once para tratar las apelaciones al fallo del juez federal Claudio Bonadío. Un grupo de familiares solicitó que el ministro De Vido sea imputado por la muerte de 52 personas y que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dé explicaciones sobre sus funcionarios en calidad de “testigo”.

Citen a Julio. La apelación firmada por el abogado Gregorio Dalbón solicitó que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sea imputado y llamado a indagatoria “dado a que resulta notoria y manifiesta laresponsabilidad que corresponde atribuir a quien ejercía funciones como Ministro de Planificación Federal durante el transcurso de los años en los que se desarrollaron las innumerables irregularidades por las que han sido y deben continuar procesados los funcionarios que se encontraban ejerciendo funciones bajo su supervisión cargo en el marco de la presente causa”.

Llamen a Cristina. Los familiares también solicitaron a la Cámara Federal que cite como “testigo” a la Presidenta para que explique: “Porqué los funcionarios a su cargo no controlaron el destino de los subsidios” y “cómo es que, dada la magnitud de la maniobra descubierta, los funcionarios a su cargo no efectuaron denuncia alguna con relación a la utilización de los fondos transferidos para fines distintos a los que se había convenido en el contrato de concesión”.

Jaime y Schiavi. A su vez, una parte de la querella requirió que los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schaivi sean procesados además por “asociación ilícita”, “defraudación a la administración pública” y “descarrilamiento agravado”, delitos por los que no fueron acusados por el juez federal Claudio Bonadío en la sentencia de grado.

“Los directivos de T.B.A. S.A. jamás pudieron perpetrar los delitos que se le endilgan sin la necesaria participación de los funcionarios que han sido encartados en el proceso, por lo que corresponde que los mismos sean procesados por su innegable participación en dichos ilícitos”, señaló la apelación a la sentencia de Bonadío.

“La falta de control del destino de las millonarias sumas asignadas por el Estado Nacional a favor de la concesionaria del servicio donde tuvo lugar el siniestro resulta por demás evidente de que existió una voluntad arteramente orquestada para que los destinatarios de dichos fondos puedan realizar a su propio gusto y placer lo que quisieran con los mismos violando de manera pública y notoria las obligaciones asumidas en el contrato de concesión”, continuó el reclamo.

En tanto, señalaron que “resultan innumerables las constancias que permiten establecer que los funcionarios investigados tenían cabal conocimiento de la manera en la que T.B.A. S.A. se encontraba operando el servicio ferroviario”.

El motorman. La querella también pidió que la Cámara revoque el sobreseimiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba. “Ha sido concluyentemente comprobado que la formación siniestrada tenía anulado un dispositivo de freno de emergencia y que Córdoba tenía pleno conocimiento de ello”.

A su vez, la apelación sostiene que “debe determinarse que la concurrencia de las circunstancias descriptas han sido determinantes para que la tragedia se produzca y era ni más ni menos que Córdoba la persona que pudo haberlo evitado de haber obrado diligentemente cumpliendo con su deber de cuidado”

 

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