sábado , 7 de diciembre, 2019

Piden enviar a Cristina a juicio oral en la causa dólar futuro

El fiscal Taiano pidió a Bonadio que se envíe a juicio oral a la ex presidenta y los demás procesados en la causa por venta de dólar futuro. La ex mandataria suspendió sus vacaciones y dijo que las “garantías constitucionales” están amenazadas.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Economía Axel Kicillof y otros 13 procesados por defraudación al Estado a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno sean enviados a juicio oral y público, en un dictamen entregado al juez federal Claudio Bonadío.

Los imputados sabían que su accionar, contrario a la normativa que debían respetar, implicaba un serio menoscabo al patrimonio público” y fue la ex Presidenta quien “impartió las directivas”, advirtió Taiano.

Allí, pidió juicio a todos por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, que prevé una pena de hasta seis años de prisión.

Ahora Bonadío deberá dar vista -es decir, pedir opinión- a las defensas de todos los procesados y, luego, quedará en condiciones de enviar la investigación a sorteo para que se designe un Tribunal Oral.

“La responsable política de la administración general del país durante el periodo investigado era la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien junto a su ministro de Economía, Axel Kicillof, tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado”, argumentó el fiscal.

Al describir la operatoria de venta del dólar futuro y el contexto en el que se ordenó en el final del kirchnerismo, cuando regía un tipo de cambio regulado, Taiano advirtió que “todo se hizo de acuerdo a las directivas impartidas” por la ex Presidenta.

Esas órdenes fueron dadas por “Cristina Fernández de Kirchner, y su ministro de Economía, Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera”, enumeró Taiano.

Los funcionarios utilizaron “de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, y adoptaron las medidas de carácter técnico administrativas que permitieron a la entidad vender entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado”, argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal.

“Aquellas operaciones de la autoridad monetaria fueron realizadas con la anuencia de los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, quienes llevaron a cabo diversas acciones de carácter técnico administrativas en violación directa de las competencias y deberes de sus cargos, coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba realizando el BCRA”.

Además y en alusión a los argumentos de las defensas relativos a las medidas económicas tomadas por el macrismo desde el 10 de diciembre de 2015, Taiano consideró que “el perjuicio a la propiedad quedó consumado en cada caso con la celebración de cada contrato, lo que torna irrelevantes a los fines del delito imputado, las consideraciones formuladas por los imputados acerca de las decisiones económicas adoptadas posteriormente”.

Taiano pidió juicio oral para la ex presidenta, Kicillof, para el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli Long Biocca, para Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby.

Por otra parte, el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, presentó ayer en los tribunales de Retiro un escrito con el que informó que su defendida se quedará en el país y no emprenderá el viaje a Croacia que tenía previsto hacer junto a su hija Florencia.

La ex presidenta había informado a los jueces Bonadio y Julián Ercolini, que la investigan en distintas causas, que estaría fuera del país entre el 14 y el 24 febrero, pero ahora los notificó sobre el cambio de planes.

“Vengo a manifestar que he tomado la decisión de no viajar –pese a tener el derecho a hacerlo- y quedarme en el país”, sostuvo la ex presidenta a través de un escrito de dos páginas que fue presentado por su abogado.

Fernández de Kirchner sostuvo que tomó la decisión por “los gravísimos hechos que son de público y notorio conocimiento, inéditos en el período de la democracia argentina que se iniciara en 1983, los cuales son protagonizados por quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, por las obligaciones funcionales que la misma les impone”.

La ex presidenta sostuvo que en la actualidad la Argentina atraviesa una crisis institucional y criticó al gobierno de Mauricio Macri, aunque no mencionó al mandatario a lo largo del escrito.

“El haber sido presidenta constitucional durante dos mandatos consecutivos, con el honor de ser la mandataria más votada –después de Juan Domingo Perón- y haber presidido el país durante el período de mayores libertades de las que se tenga memoria en democracia hacen que haya tomado esa decisión”, sostuvo.

Cuando las libertades, derechos y garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas, es necesario actuar con el mayor grado de responsabilidad política y personal“, agregó.

“Aquellos que pretenden instalar el control social a través del miedo y la intimidación puede ser que lo logren por un tiempo. Sin embargo, la historia de la humanidad en general y de los argentinos en particular ha demostrado que el miedo es un arma de doble filo que termina cayendo, inexorablemente, sobre aquellos que la empuñan”, concluyó.

Bonadio investiga a la ex presidenta en la causa conocida como Los Sauces -está citada a indagatoria para el 7 de febrero- en la que se la acusa de haber recibido retornos de la obra pública a través de alquileres de departamentos.

El juez Ercolini, que también recibió el escrito, la procesó en el marco de la causa en la que es investigada por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

(Fuente: Telam)

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