martes , 17 de septiembre, 2019
De Vido

Piden el desafuero y detención de De Vido

Lo solicitó el fiscal Stornelli en el marco de una causa que investiga un presunto fraude millonario en el yacimiento de Río Turbio.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer el desafuero y detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en el marco de una causa por presunto fraude por 26 millones de pesos en el yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Además, el funcionario solicitó al juez federal Luis Rodríguez que cite a declaración indagatoria al ex ministro y reclamó las mismas medidas para otros 23 imputado, entre ellos Roberto Baratta; el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral; y al ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna, además de otra autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Fundación creada para firmar los convenios por YCRT.

En la presentación, el fiscal consideró que De Vido, por su cargo, era “garante” de la transparencia en el uso de fondos públicos, por lo cual “difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por el administrados”.

En este sentido, Stornelli concluyó que las supuestas maniobras investigadas “no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación”, quienes estaban “obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública”.

“Habré de atribuirles a los funcionarios de YCRT el haber defraudado de modo efectivo y al 28 de enero de 2016 al Estado Nacional por un monto cercano a los 264.935.123 pesos desviándolos a la regional Santa Cruz de la UTN y a la Fundación creada allí”, agrega la resolución.

Según la investigación, los fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, lo que no fue concretado, y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos.

Para Stornelli, “hubo un encarecimiento de bienes y servicios adquiridos por el Estado Nacional en un 21 por ciento por gastos en comisiones” ya que la facultad tercerizó servicios.

Asimismo, el fiscal advirtió que pusieron a esa “alta casa de estudios al reprobable servicio de una triangulación de operaciones con el objeto de eludir la normativa de contrataciones públicas, convirtiendo a la Facultad en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT”.

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