lunes , 22 de julio, 2019
Congreso

Otro rechazo a un amparo contra la regulación de las cautelares

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavie Pico rechazó una medida cautelar “preventiva”en el marco de un amparo para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la ley que regula las medidas cautelares”.

Mediante una resolución de ocho carillas, firmada el 8 de mayo, el magistrado afirmó que “resulta claro que el examen de la tutela pretendida implica examinar de manera anticipada la materia debatida en la causa”, motivo por el cual resolvió “rechazar la medida cautelar solicitada”.

La causa la entabló la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, que pidió la “nulidad e inconstitucionalidad de la ley 26.584 mediante la cual se limita el dictado de las medidas cautelares”.

Lavie Pico consideró importante poner de relieve “que la manera en que se encuentra planteada la pretensión cautelar, resulta, al menos, confusa” ya que encierra contradicciones “que la actora debió haber precisado con mayor exactitud cuál de las dos proposiciones expuestas en el escrito de inicio resultaban objeto de la pretensión precautoria”.

El magistrado sostuvo que “la medida cautelar solicitada implica examinar aspectos que constituyen el objeto del litigio, circunstancia que se encuentra, en principio, vedada en este tipo de medidas”, y recordó que “es jurisprudencia de los tribunales federales que el contenido de las medidas cautelares no puede superponerse, equivaler o significar lo mismo que se pretende lograr en la sentencia de amparo”.

“En igual sentido se ha señalado que una medida precautoria coincidente con el objeto del pleito no resulta procedente, en tanto ella desvirtuaría el instituto cautelar por cuanto el objeto de la medida se confunde con el resultado al cual se pretende arribar por medio de la sentencia definitiva”, señaló el juez.

El pasado 30 de abril, la jueza Cecilia Gilardi rechazó un recurso presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez, quien había promovido una demanda “colectiva” y “preventiva” tendiente a evitar la promulgación de las leyes de la reforma judicial.

(Fuente: Telam)

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