martes , 11 de diciembre, 2018

Nota editorial: La seguridad cordobesa, cosa de locos

La semana pasada, el programa de televisión que se emite por Canal 10 “Justicia Legítima” difundió una encuesta realizada por el consultor Gustavo Córdoba sobre 800 casos efectivos de habitantes de la provincia de Córdoba. La encuesta indagaba sobre diferentes aspectos en materia de políticas de seguridad de la provincia.

Por ejemplo, el 63 por ciento de los encuestados sostuvieron que la cantidad de hechos delictivos no descendió el último año.

No obstante, hay un dato llamativo. El 56 por ciento de los encuestados tiene una imagen positiva de la Policía de Córdoba. En febrero la misma encuesta arrojaba que el 55 por ciento tenía una imagen negativa de la institución, pero con el correr de los meses la imagen de los uniformados repuntó.

Es ahí donde me pregunto cuál será la razón de este cambio de percepción de la población.

Hagamos un breve repaso. En septiembre del año pasado, se destapa el escándalo de la “Narcopolicía”, es decir, a partir de una investigación del programa televisivo ADN, los altos mandos de la Policía de la provincia de Córdoba quedan implicados y relacionados con una red de narcotráfico local.

Del escándalo se desata la renuncia del entonces ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y el jefe de la Policía, Ramón Frías. Además, el juez federal a cargo de la investigación, Ricardo Bustos Fierro, imputó al jefe antidrogas de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa y a otros cuatro agentes de la división.

Luego fue el turno del acuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre del año pasado. La población sufrió horas de terror y de extrema inseguridad al vivir saqueos por parte de algunos grupos de personas lo que era respondida con linchamientos por parte de otro. “Fue un todos contra todos”, aseguran los cordobeses que aún están afectados por ese hecho inédito en la historia cordobesa. Más de mil comercios sufrieron saqueos, muchos de ellos nunca volvieron a abrir.

Lo cierto es que tras esta medida, los uniformados lograron el aumento salarial que solicitaban a la Provincia y volvieron a las calles.

“Aquí no ha pasado nada”, parecía el mensaje dado desde la Policía y el Gobierno. Fueron tantas las críticas que debieron salir a buscar culpables y detuvieron a una veintena de responsables de la medida.

Con ellos también se fueron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el entonces jefe de Policía, César Almada. No llevaban ni tres meses de gestión.

Tras estos episodios, asumió el ministro de Seguridad actual Walter Saieg y el jefe de Policía Julio César Suárez.

Lo que vino fueron “operativos saturación” con controles de tránsito extremos en los puentes de la ciudad a motociclistas y allanamientos masivos en las villas y barrios marginales de la ciudad de Córdoba. Los cuestionados “corralitos humanos”, donde mientras se averiguaban antecedentes de los vecinos detenidos se los exponía durante horas frente a sus vecinos, y la continuidad de la aplicación indiscriminada del “Código de Faltas” de la provincia a través de figuras como el “merodeo”, donde según la portación de cara se detiene a los jóvenes por averiguación de antecedentes y se los traslada a las comisarías.

Las organizaciones de derechos humanos y la coordinadora antirrepresiva no han dejado de sumar nuevas denuncias en contra de la Policía acusándola de detener y torturar a jóvenes en las comisarías.

Los casos de gatillo fácil que Suárez niega, tampoco dejaron de sumarse. En lo que va del año, ya se cuentan siete casos. El caso de “Were” quizás fue el más conocido por la movilización y denuncia de sus familiares y amigos.

Sin olvidar que quienes denuncien o investiguen estos hechos, suelen recibir llamados “un poco” intimidatorios del jefe de Policía, Julio Suárez. Como le ocurrió al periodista Dante Leguizamón a quien le dijo por teléfono “Yo me voy a encargar de vos” ó el último llamado “poco feliz” que hizo al fiscal Pablo Molina, quien ordenó la prisión preventiva para dos policías por un presunto caso de “gatillo fácil” en el que resultó muerto un joven de 18 años.

Que la Policía de Córdoba se movió no hay dudas. Que todos los días trascienden nuevas detenciones de policías implicados en casos de gatillo fácil, de estafas, robos y torturas, tampoco.

Lo que llama la atención es por qué la misma población que se queja que los hechos delictivos no cesan, a su vez tiene una imagen positiva de la misma Policía que no sólo no soluciona esta demanda social generalizada de pedir seguridad, sino que todos los días se conocen nuevos casos donde son los propios uniformados los implicados en delitos.

Leí por ahí que “la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados”.

Los cordobeses solicitan más policías aunque sea la provincia con más policías por habitante (uno cada 186 habitantes, cuando la Organización de la Naciones Unidas recomienda 1 cada 250 habitantes).

Los cordobeses solicitan más “mano dura”. Según la encuesta, el 52 por ciento está a favor del Código de Faltas mientras que en el interior el 70 por ciento apoya este Código, pese a que se denuncie diariamente las violaciones de los derechos humanos que comete la fuerza.

Sin embargo, nada de esto baja los índices de inseguridad (que la Policía no difunde) ni la percepción que la gente tiene de estos hechos.

Sólo me queda pensar que hay algo de locura en los reclamos de la población, al seguir insistiendo en una fórmula que no funciona y no entender que enfrentar hechos de inseguridad con un “estado policial”, como admitió que existe en la Provincia días atrás el Gobernador, no es la solución.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *