lunes , 19 de agosto, 2019

Nisman pidió la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán

El fiscal de la Causa AMIA consideró que el memorándum constituye una “indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial”. Dijo que incluye una “reiteración interminable de violaciones de garantías constitucionales”.

El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó hoy ante el juez Rodolfo Canicoba Corral la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo de entendimiento firmado con la República Islámica de Irán, por entender que constituye “una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia”, y a la vez permite el “avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Asimismo, Nisman remarca la “responsabilidad internacional del Estado Argentino” y advierte que con el memorándum el país “corre un serio riesgo de ser sancionado por organismos internacionales de DDHH”.

En este sentido, el funcionario consideró que con el acuerdo “se viola de manera manifiesta el artículo 109 de la Constitución Nacional”, el cual impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, y el artículo 27 que establece que “los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados” por el convenio con Irán.

El fiscal aseguró que con el acuerdo se propicia la violación de garantías constitucionales como “la vulneración del sistema republicano de gobierno; la división de poderes; la independencia judicial; la garantía del debido proceso; el principio del juez natural; el derecho de defensa en juicio; el principio de igualdad ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia”.

Nisman consideró también que en el contexto del caso AMIA, las “Comisiones de la Verdad” es “flagrantemente inconstitucional, por tratarse de un órgano político que arrebata temporariamente la causa a su juez natural, para ejercer funciones netamente jurisdiccionales”.

“Insólitamente, se encuentra facultada para recibir la evidencia, revisarla, efectuar un análisis detallado de la prueba de cada uno de los acusados, recolectar material probatorio, requerir información adicional, interrogar a los acusados, interrogar al juez de la causa y emitir un informe”, cuestionó.

En el mismo sentido, el fiscal cuestionó que el informe será elaborado “sin ningún tipo de control ni facultades de revisión”, y que lo que diga será considerado como “la verdad”, por lo que “ambos Estados se verán obligados a tenerlo en cuenta y ajustar su accionar futuro a dicho reporte, el cual deberá atender a la legislación del país que ha venido protegiendo a los acusados de un acto de terrorismo internacional”.

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