viernes , 22 de noviembre, 2019

Murió otra interna de Bouwer tras sufrir una descompensación

La presa de 60 años se encontraba en observación en el Servicio Médico del establecimiento a raíz de un cuadro de dorsalgia cuando sufrió un paro cardiorespiratorio. Denuncian ya suman 11 los fallecidos en penales provinciales.

La Jefatura del Servicio Penitenciario informó que murió otra interna del Complejo Carcelario N°3 de Bouwer, luego de sufrir una descompensación.

Se trata de María del Carmen Oviedo, de 60 años, quien estaba procesada por tenencia y tráfico de estupefacientes y se encontraba a disposición de la Fiscalía de Narcotráfico de 1° Turno.

A través de un comunicado, se informó que “a las 4 de la tarde se encontraba en observación en el Servicio Médico del establecimiento carcelario a raíz de un cuadro de dorsalgia, al realizarle un control y un electrocardiograma, manifestó sentirse descompuesta entrando en paro cardiorespiratorio. Los profesionales médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar”.

“De inmediato, fue trasladada al hospital Misericordia donde, aproximadamente a las 17.10, fue constatada su muerte por paro cardiorrespiratorio”, agrega el parte que, además, informa que “se dio intervención al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y a las instancias policiales y judiciales correspondientes”.

Denuncian que 11 presos murieron en 2019

Familiares y allegados a distintos presos y ex presos de cárceles provinciales denunciaron que, hasta el 3 de mayo pasado, se registraron 10 muertes en cárceles provinciales.

A través de un comunicado de prensa, afirmaron que “las políticas de “Seguridad” y “Seguridad Ciudadana” son una evidente estafa en contra del pueblo cordobés” ya que “se traducen en: prácticas policiales delictivas, arbitrales y selectivas”.

En este sentido, reprocharon que “a pesar y a costa de todo el dinero público destinado a “seguridad”, los delitos en Córdoba no disminuyen, las “políticas de (in)seguridad” llenan los bolsillos de unxs pocxs a costa de la muerte de muchxs: más móviles, más policías que maestrxs, más cámaras, más armas, más balas; y el delito va en aumento. Es evidente el engaño y el negocio de la inseguridad. Todo lo cual no se sostiene sin la impunidad necesaria y los consecuentes privilegios, a cambio del silencio, el encubrimiento y la injusticia”.

“Lxs magistradxs son parte de este entramado que llamamos estafa. Porque la decisiones en materia de “seguridad” y “política criminal” acarrean como consecuencia directa: la criminalización de lxs pobres, la sobrepoblación carcelaria (hacen uso y abuso de la prisión preventiva, seis de cada diez personas están sin condena), el hacinamiento, las personas presas NO tienen los medios suficientes para poder dar con quienes son responsables de sus causas, NO acceden realmente a su derecho de defensa, sino hasta que a una Fiscalía se le ocurre citarlx a declarar, recién ahí interviene efectivamente su defensa (esto se debe entre otras cosas, a que la cantidad de asesorxs letradxs del Estado son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas)”, agrega el parte.
Al respecto, denunciaron “que la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa, presxs sin D.N.I, falta de infraestructura, negación de derechos básicos de acceso al sistema de salud, educación, trabajo, regímenes de tortura, aislamientos arbitrarios”.

Finalmente, reclamaron: “BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN LAS CÁRCELES”.

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