martes , 20 de agosto, 2019

Montero denunció a De la Sota ante el Inadi por discriminar y criminalizar a los jóvenes

La legisladora del Frente Cívico y Social (FCyS),  Liliana Montero, denunció al gobernador José Manuel de la Sota, ante la sede local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por considerar discriminatorias y criminalizantes respecto de los jóvenes su reciente pedido de que en Córdoba se declare la “emergencia juvenil”.

“El Inadi debe intervenir frente a expresiones que son absolutamente discriminatorias y crueles respecto de los jóvenes”, aseguró a la prensa Montero.

La legisladora aludió a lo expresado la semana pasada por De la Sota al disertar en la Unión Industrial de Córdoba (UIC), ocasión en la que se pronunció a favor de la declaración de una emergencia juvenil, para que “un chico que les abre la puerta de un taxi, cuando salen de un restaurante, no les meta una puñalada para sacarles la billetera y comprar paco”. 

Montero subrayó que, “cuando la discriminación viene de la mano de quien ejerce la máxima autoridad de la provincia, hay que parar y pedirle al gobernador que reflexione”, más cuando, según un informe del propio Inadi, “el 82 por ciento de los jóvenes en Córdoba ha sufrido o ha presenciado situación de discriminación”. 

La legisladora insistió que expresiones como estas “derraman hacia abajo, hacia la Policía, por ejemplo, y basta recordar algunas declaraciones del jefe de la fuerza (Julio Césa Suárez)”.

“Esto no fue un exabrupto, sino lo que De la Sota piensa y se trata de un pensamiento discriminador”, manifestó Montero. 

Antes que Montero, la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba denunció que, en lo que va de 2014, ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de “gatillo fácil”, lo que expresa la “sistemática política represiva” del gobierno de De la Sota respecto de ciertos sectores sociales.

“En 2014 ha habido un crecimiento exponencial que se pone de manifiesto en que hay, prácticamente, un caso de `gatillo fácil` por mes. Ya llevamos siete y son sólo los que salen en los medios o de los que nos enteramos porque se acercan a nosotros”, aseguró a la prensa Lucrecia Fernández, integrante de la asociación civil. 

Fernández recordó que, meses atrás, tras un caso de “gatillo fácil”, el “jefe de la Policía dijo públicamente a través de todos los medios que cualquier delincuente que saliera armado terminaría muerto”, lo que implica “dar vía libre a que crezcan estos índices” de violencia institucional.

Con asiduidad se repiten denuncias por supuestos hechos de violencia institucional y en mayo pasado vecinos de Río Segundo, localidad ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial, denunciaron haber sido víctimas de allanamientos ilegales concretados por la Brigada de Investigaciones de la Policía.

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