jueves , 21 de noviembre, 2019

Mestre ya sondea línea de ayuda directa de la Nación

Junto al Foro de Intendentes Radicales pidió audiencia a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía. “Son recursos no reintegrables y Córdoba tiene 18% de los municipios y comunas de todo el país”, recordó Daniel Salibi, vice del Foro. Aún no decidieron el destino del eventual financiamiento. La Provincia insiste en que el mecanismo puede ser ilegal.

El intendente Ramón Javier Mestre y un grupo de jefes comunales del radicalismo gestionarán desde las próximas horas la disponibilidad de ayuda financiera directa de la Nación en el marco del nuevo programa habilitado mediante un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández.

El dato fue confirmado por fuentes del Ejecutivo municipal y por el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, vicepresidente del Foro de Intendentes Radicales, entidad que preside Ramón Mestre.

“Hemos pedido una audiencia con Jefatura de Gabinete y con el Ministerio de Economía para conocer las condiciones y el cupo disponible”, reveló Salivi.

En tanto, trascendió que esta semana viajará a Buenos Aires el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Facundo Cortez Olmedo, para avanzar con gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social respecto a la renovación del Programa de Seguridad Alimentaria (en Córdoba, Vale lo Nuestro) para 2013 y, en el mismo acto, buscar precisiones sobre el financiamiento directo de la Nación para gestionar eventuales fondos para la ciudad.

Al respecto, Salibi indicó, en función de la información de que dispone el Foro, que recién desde esta semana la Nación comenzó a trabajar en organizar ese programa de ayuda, por lo que esperan tener alguna respuesta para la semana próxima.

El jefe comunal de Mendiolaza recordó que el Foro de Intendentes Radicales reune a 160 autoridades de localidades diversas de la provincia, al tiempo que advirtió que la provincia de Córdoba cuenta con 427 municipios y comunas, 18 por ciento de las 2.516 localidades con autoridades constituidas relevadas en todo el país.

Con todo, el radicalismo no abriga demasiadas expectativas respecto al paquete de ayuda y supone que el reparto tendrá mucho de discrecional y un alto contenido político.

De hecho, asegura que los fondos para esa finalidad surgen del remanente de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de 2012, cuyo reparto habitualmente tiene un alto componente político.

En cuanto al financiamiento, Salibi consideró que es un aporte no reintegrable virtualmente de libre disponibilidad. “Los ATN son para desequilibrios financieros pero pueden utilizarse con diferentes fines”, recordó.

En caso de corroborarse que los fondos provienen de ese concepto, la Provincia ya anticipó que denunciará el mecanismo por considerarlo ilegal.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Oscar González, recordó que los ATN son para las provincias y que no podrían ser usados como canales de fondeo por otras vías.

Tanto la Provincia como los propios municipios radicales y de Unión por Córdoba suponen que el nuevo sistema de financiamiento apunta a “saltear” las provincias en el reparto de ayuda y de esta forma evitar que la discrecionalidad en esa distribución quede en manos de gobernadores opositores, como José Manuel de la Sota en Córdoba, Antonio Bonfatti en Santa Fe o el propio Daniel Scioli en Buenos Aires.

Bases y condiciones

El denominado “Procedimiento para solicitudes de ayuda financiera” fue instrumentado por decreto publicado el 27 de diciembre y apunta a habilitar una serie de mecanismos y requisitos para que Nación extienda asistencia financiera directa a municipios.

El decreto fue reglamentado por resolución 13, publicada a fines de enero en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional aclaró que ni el decreto ni la resolución reglamentaria estipulan monto alguno para repartir y negaron así las versiones periodísticas que mencionaban un total de 1.129 millones de pesos como fondo disponible.

En principio, la intención oficial sería evitar que proliferen las duplicaciones de impuestos u otros gravámenes en municipios y comunas. De hecho, la propia Presidenta había deslizado ese argumento para justificar la decisión.

En principio y según los requisitos incluidos en los instrumentos legales, los municipios que pretendan la ayuda deberán completar datos sobre sus ejecuciones presupuestarias y detallar el uso que les darán a los fondos.

 

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