jueves , 19 de septiembre, 2019

Los policías que hicieron “huelga” incumplieron los deberes del funcionario público

La Cámara en lo Criminal y Correccional dio a conocer los fundamentos del fallo condenatorio a los efectivos que participaron del acuartelamiento de diciembre de 2013 y concluyeron que los acusados “no ejercían un derecho constitucionalmente amparado”.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 12° Nominación consideró que los policías que en diciembre de 2013 participaron del acuartelamiento no cumplieron con las obligaciones funcionales que le correspondían.

El tribunal concluyó que los acusados “hicieron huelga” y que ello fue el resultado de una decisión consciente, es decir que cada funcionario que decidió sumarse a la “huelga” quiso hacerlo y que sabía que por su condición de policía no podía hacerlo.

La justicia dio a conocer ayer los fundamentos del fallo en que los camaristas Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila, junto a ocho jurados populares, condenaron a prisión condicional, inhabilitación especial y multa a 15 policías por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad, y a 37 funcionarios policiales con inhabilitación especial y multa, por el primero de los delitos mencionados, y dispuso cuatro absoluciones.

En los fundamentos, el cuerpo destacó que los condenados “no ejercían un derecho constitucionalmente amparado”, aun cuando esos reclamos fueran “lícitos y atendibles”.

Asimismo, el fallo remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado la posibilidad de agremiación de las fuerzas de seguridad y que “un colectivo que no tiene derecho a sindicalizarse tampoco tiene el de huelga”.

“Podría argumentarse en favor o en contra de la posibilidad de asociarse o sindicalizarse que tienen las fuerzas policiales, pero ello no supone reconocerles el derecho de huelga que es uno, pero no el único, de los derechos sindicales, que incluyen la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo, el derecho de recurrir a la conciliación y el arbitraje, entre otros”, enfatizó el tribunal.

Asimismo, la sentencia explica que, aun considerando que quienes no están de servicio podrían reunirse y manifestar, “jamás podría admitirse que ello puede hacerse portando armas, uniformes o atributos propios de la autoridad”.

De todos modos, el tribunal advirtió que en instituciones como las policiales “es necesario que existan canales adecuados para que sus integrantes puedan canalizar sus demandas, exponer sus problemas, plantear sus situaciones”. “Durante las audiencias de debate reiteradamente escuchamos de parte de altas jerarquías policiales y de las autoridades del poder ejecutivo, que la falta de canales establecidos y de ‘voceros’ o ‘representantes’ de quienes llevaban adelante sus reclamos fue un importante inconveniente para arribar a la solución del conflicto”, puntualizó el presidente del tribunal Gustavo Reinaldi, en su voto.

Por otra parte, en la sentencia, la Cámara ordenó que se investigue la conducta asumida por la “totalidad del personal policial, sin distinción de jerarquías”, que debían cumplir funciones durante los días 3 y 4 de diciembre de 2013, “y no lo hicieron, sin mediar alguna causa que lo justificara”.

Asimismo, el tribunal dispuso enviar copia de las actuaciones a la Fiscalía Federal que ya inicio investigaciones, para que examine la actuación de los entonces funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, según testimonios escuchados en el debate, decidieron no atender a las autoridades provinciales cuando estas intentaron comunicarse con ellos para solicitar auxilio ante la situación de “crisis, caos e inseguridad”.

La Cámara también pidió que sea investigada la posible participación de personas relacionadas con la organización “La Cámpora”, que según testigos motivaron y facilitaron los “saqueos”, a través de la destrucción de cortinas de protección de locales comerciales o la rotura de sus vidrieras.

Finalmente, el fallo ordena enviar copia del expediente al Ministerio Público Fiscal para que valore las insuperables contradicciones entre los testimonios prestados por autoridades policiales, entre ellos los de dos ex jefes de la policía de la provincia, durante los días 3 y 4 de diciembre de 2013, que “eventualmente podrían revelar la posible comisión de algún delito perseguible de oficio”.

 

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