jueves , 14 de noviembre, 2019

Los menores detenidos no deben pasar a una cárcel de adultos al cumplir 18 años

La jueza en lo Penal Juvenil, Nora Giraudo, rechazó la acción colectiva promovida por el Defensor de Niños, Niñas y Adolescente de Córdoba, Héctor David, con el fin de que los menores detenidos que cumplieran 18 años fueran trasladados a establecimientos de adultos, para evitar supuestas situaciones de violencia verbal, física o psíquica que podrían causar a los que aún no alcanzaron esa edad.

Por el contrario, la magistrada emplazó al organismo correspondiente del Poder Ejecutivo, Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a que “garantice el alojamiento de los jóvenes de hasta 21 años”, si ello “coincide con el interés superior del niño”, de acuerdo con el Régimen Penal de la Minoridad y los estándares fijados por las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina.

Este emplazamiento comprende la obligación de que, “en el término de seis meses”, el Poder Ejecutivo reglamente el funcionamiento de “centros socioeducativos” para garantizar “la cabal protección de la salud física y mental de los menores, calidad alimentaria, indumentaria y de higiene (…), que deberán mantenerse aún en períodos de receso escolar”.

La jueza basó su rechazó en que, a partir de “una interpretación armónica con los estándares internacionales de derechos humanos (…), aun cumpliendo los 18 años, siguen manteniendo la categoría jurídica de menores delincuentes para la justicia penal juvenil aquellos que, habiendo cometido un delito antes de esa edad, pueden ser castigados por un delito en forma diferente a un adulto, se encuentren procesados o hayan sido declarados responsables de su comisión”.

Como consecuencia, la jueza instó a no perder de vista la “naturaleza transitoria de la delincuencia juvenil y la particular vulnerabilidad de los niños que entran en contacto con el sistema de justicia penal”.

A partir de lo cual, insistió a que se busque “el modo de garantizar el interés superior de todos los niños y adolescentes comprendidos por el Régimen Penal de la Minoridad, y que su tratamiento multidisciplinario y tutelar lo sea de conformidad con los estándares legales mínimos nacionales e internacionales, a fin de preservar la integridad y garantizar las condiciones dignas de detención que contemplen su especial situación de vulnerabilidad”.

De acuerdo con la magistrada y en relación con las medidas requeridas al Poder Ejecutivo, urge “diagramar oportunamente los recursos y las políticas institucionales para una mejor adecuación a los preceptos constitucionales relativos al tratamiento de los jóvenes privados de libertad”.

En tanto, “el respeto por la normativa en materia de derechos humanos, de manera de promover y proteger el bienestar físico y mental de los jóvenes, en aras de la igualdad ante la ley”. “Su incumplimiento podría llegar a configurar una omisión inconstitucional, de acuerdo a las convenciones internacionales”, advirtió la jueza.

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