viernes , 22 de noviembre, 2019

Los K buscan el control del Estado en Papel Prensa S.A.

La iniciativa ingresó este jueves en la Cámara baja con la firma de Carlos Kunkel, Diana Conti, Dulce Granados, Adriana Puiggrós, Andrea García, María Teresa García, Gastón Harispe, Graciela Giannesttasio, entre otros diputados.
La medida pretende que se declare de “utilidad pública y sujeto a expropiación el 24 por ciento del patrimonio de Papel Prensa S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase A y C de dicha empresa”.
Hasta ahora, el Estado posee el 27,5% de las acciones -el Grupo Clarín es dueño del 37%, y La Nación del 12%-, y de sancionarse la norma pasaría a tener el 51,5 %.
De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el texto presentado consta de siete artículos y establece que la expropiación de tales acciones “es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros”.
“Los procesos de expropiación estarán regidos por lo establecido en la Ley 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional”, indica el artículo 3. Precisa, además, que “la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
Papel Prensa “continuará operando como sociedad anónima abierta”, aclara la iniciativa, y especifica que no le serán aplicables “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.
El proyecto indica también que el día de la promulgación de la ley, la Comisión Nacional de Valores “convocará a una asamblea de accionistas” a efectos de tratar “la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda”.
A fines de 2011, el kirchnerismo había aprobado una ley que declaraba de interés público la producción y distribución de papel para diarios y que habilitaba al Estado a incrementar eventualmente su participación en la empresa Papel Prensa, aunque hasta el momento no hubo avances concretos en ese sentido.

 

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