lunes , 23 de septiembre, 2019

Legisladores insisten en que De la Sota no destina a obras públicas lo recaudado por la Tasa Vial

Miembros de la oposición ratificaron que el Gobernador utiliza para fines diferentes de los previstos por la ley lo recaudado en concepto de la polémica tasa, que se cobra con la venta de combustibles supuestamente para realizar obras públicas.

“La ley que crea la Tasa Vial es muy clara: lo que se recauda se debe destinar al mejoramiento de las rutas. Este gravamen se aplica desde el 7 de septiembre de 2012, pero el Gobierno utilizó fondos para pagar deudas de varios años atrás”, aseguraron a la prensa los legisladores Ricardo Fonseca y Santiago Clavijo. 

Los parlamentarios del Frente Cívico y Social (FCyS), que el viernes pasado denunciaron a José Manuel de la Sota y a otros funcionarios por la presunta comisión de malversación de fondos, insistieron: “no sabemos cómo van a justificar esto, porque la información fue suministrada por el propio Poder Ejecutivo”.

Fonseca precisó que, desde la aplicación de la Tasa Vial, en septiembre de 2012, hasta marzo de este año, “se han recaudado 844 millones de pesos” y la presunta malversación de fondos consistiría en “se utilizaron recursos obtenidos por la tasa para fines que no son la mejora de la red vial, como lo fija la ley”.

Los legisladores pidieron a la Justicia provincial que investigue si el gobierno de De la Sota empleó los recursos obtenidos a través de la Tasa Vial, por lo que se recauda más de 60 millones de pesos por mes, para cubrir deudas con proveedores, con lo cual “De la Sota mintió porque no utilizó esos recursos para obras”. 

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Hugo Testa, replicó: “Es imposible pagar un certificado (de deuda) viejo con un programa nuevo que, además, tiene un fondo específico. El Tribunal de Cuentas hubiera detectado ese pago”.

Respecto de la Tasa Vial, en la Justicia provincial se sustancian alrededor de media docena de causas en las que diferentes representantes de estaciones de servicio cuestionaron la constitucionalidad de la Ley provincial 10.081, que establece una alícuota diferencial que grava el consumo de combustibles.

La norma, que entró en vigencia en septiembre de 2012 con el fin de conformar un fondo para el desarrollo de obras viales, faculta al Poder Ejecutivo provincial a modificar trimestralmente el monto de la tasa así como establecer excepciones o exclusiones, además de las reconocidas al transporte urbano e interurbano de pasajeros.

(Fuente: Télam)

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