domingo , 8 de diciembre, 2019

La UCR exigirá que se reglamente la Ley de coparticipación

El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Eduardo Yuni, exigió al gobernador José Manuel De la Sota, que “reclame la sanción de una ley de coparticipación y la derogación de las medidas que avalan la distribución discrecional de recursos por parte de la Nación”.

En este sentido, Yuni aseguró que “estas medidas no son meramente electoralistas, sino que reflejan un modo político de pensar y de actuar y constituyen apenas un apéndice de un proyecto de concentración del poder en manos de unos pocos, de una sola persona”.

En tanto argumentó que de darse una distribución arbitraria de los aportes nacionales, se ven obligados a recurrir a la vía judicial. “No debemos permanecer impávidos ante los intentos de pulverización de las autonomías provinciales y sus erarios, y menos aún consentir, con nuestro silencio, la desnaturalización de nuestro estado democrático”.

En este marco, el bloque de legisladores de la UCR presentará un proyecto de Resolución en la Unicameral en el que le exige a la administración provincial que inste al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación la sanción del Régimen de Coparticipación prevista en la Constitución Nacional.

Además exigirá la gestión de la revocación del Decreto presidencial y de la Resolución del Jefe de Gabinete que habilitan la financiación a Municipios excluyendo la participación de las Provincias. “Debemos bregar por el encausamiento de la financiación de los municipios a través de las provincias de acuerdo con lo que manda la ley”.

En esa línea Yuni continúa explicando que “la ausencia de una ley nacional de coparticipación no se debe a la ausencia de proyectos, sino a la falta de disposición de las mayorías parlamentarias para aprobarlos y a la complicidad de algún que otro mandatario provincial con muchas necesidades de financiamiento y poca resolución para el esfuerzo tributario”.

Finalmente, Yuni cuestionó el actual modelo kirchnerista caracterizado por el “ir por todo” porque implica “menos respeto por las provincias y sus autoridades, menos observancia del sistema federal, menos consideración a nuestros esfuerzos tributarios, más deterioro institucional, más clientelismo y mayor desprecio por los que piensan y sienten de modo diferente”.

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