martes , 22 de octubre, 2019

La relación del Gobierno con la Corte en su peor momento

La relación entre la administración de Cristina Fernández de Kirchner y la Corte Suprema de Justicia de la Nación transita por su peor momento. El día de ayer, marcó el pico máximo de una tensión que ya se insinuaba. El día comenzó con las declaraciones de la Jefa de los Fiscales, Alejandra Gils Carbó, propuesta al cargo por el gobierno, donde se refirió en duros términos al Poder judicial, al que calificó de burocrático, autoritario e ilegítimo, mientras que al medio día fue el turno del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien al inaugurar el año judicial y, coincidente con los 150 años de la Corte afirmó: “La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las decisiones de la mayoría del pueblo. Pero no siempre es así, porque hay suficiente experiencia en el mundo que muestra que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado o la pena de muerte. Por eso –argumentó– es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inválidas por los jueces cuando son contrarias a la Constitución”. Más adelante, leyendo un discurso consensuado entre todos los miembros de la Corte, dijo que el máximo órgano de la justicia argentina “defendió el derecho a la libertad de expresión” al criticar “el control de la publicidad oficial, en tanto sea un mecanismo de censura indirecta”.

Finalmente, Lorenzetti también hizo una defensa de la diversidad de pensamiento: “Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y consensos básicos o mínimos. El conflicto debe existir, es el motor de la vida social; no hay que tener miedo a los debates fuertes, a la colisión de intereses, porque es lo que permite la transformación de las sociedades”.

En ese acto, curiosamente, no estuvo presente ningún funcionario de primera línea del Poder Ejecutivo Nacional. Toda esta tensión se da justo en momentos que la justicia ha tomado medidas que involucra de manera directa a funcionarios o ex funcionarios de la administración kirchnerista por caso la condena a la ex ministra de Economía Felisa Micheli, la elevación a juicio de la causa de la tragedia de Once, que tiene imputados a los ex Secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y la reciente citación al Jefe de Gabinete Abal Medina a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña, por supuestas irregularidades en las contrataciones de Tecnópolis. A estos casos hay que sumarle la reciente afirmación del juez de la causa Cicone, Ariel Lijo, quien dijo que la causa en cuestión, que tiene al vicepresidente Amado Boudou en el centro de la polémica; “es de gravedad institucional”.

Hasta ahora el máximo cuerpo no ha mostrado fisuras internas en torno a los temas más conflictivos que lo enfrentan con el gobierno.

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