miércoles , 11 de diciembre, 2019

La reforma tributaria apunta a reducir la presión en 1,5 puntos del PBI en cinco años

Dujovne presentó el proyecto de reforma impositiva “que elimine distorsiones y nos permita avanzar hacia un sistema más equitativo, que contribuya a la creación de empleo de calidad, fomente la inversión y el desarrollo económico”.

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne presentó ayer la propuesta de reforma impositiva del Gobierno mediante la cual se busca “eliminar distorsiones y nos permita avanzar hacia un sistema más equitativo, que contribuya a la creación de empleo de calidad, fomente la inversión y el desarrollo económico”.

Esta iniciativa tendría un costo para la Nación de 1,5 puntos del PBI al término del quinto año de su aplicación, según precisaron en el Ministerio de Hacienda. “La implementación de la reforma será gradual para asegurar la sustentabilidad fiscal y proveer un marco de previsibilidad a la sociedad”, precisó Dujovne.

Uno de los objetivos de la propuesta es alentar la inversión. En este sentido, las autoridades han tomado en cuenta que actualmente las utilidades reinvertidas por las empresas se gravan a una de las tasas más altas del mundo. En la Argentina la tasa llega al 35%, ocho puntos por encima del promedio de América Latina y trece puntos por encima del promedio de los países más desarrollados.

En el Gobierno consideran que esto perjudica la inversión, dado que el capital es el factor productivo de mayor movilidad. Por esta razón es que se propone reducir en un plazo de cuatro años la alícuota del impuesto a las ganancias de 35% a 25% para las ganancias que no se distribuyan.

También se considera que el IVA es otro impuesto que en la práctica castiga a la inversión. En el sistema actual quien invierte puede tener que esperar mucho tiempo para recuperar su crédito fiscal de IVA por la inversión realizada, por lo que el costo financiero de invertir se incrementa. La propuesta oficial contempla un régimen de devolución acelerada de saldos de IVA para inversiones de largo plazo que subsane la distorsión que actualmente genera el impuesto.

  • EMPLEO

Otro de los objetivos de la reforma según señalan las autoridades, es reducir el costo de contratación de los trabajadores menos calificados para promover su ingreso al mercado laboral formal. Por eso la iniciativa oficial contempla la implementación gradual, en cinco años, de un Mínimo no Imponible para contribuciones patronales, con el cual los primeros $ 12.000 de remuneración bruta no pagarían estas contribuciones.

Los impuestos en cascada (impuesto a los créditos y débitos bancarios y los provinciales a los ingresos brutos) son una fuente de distorsiones del sistema impositivo, según la opinión tanto del Gobierno como de especialistas en tributos. Se entiende que generan incentivos a la integración vertical, a la concentración geográfica (vía las alícuotas de extraña jurisdicción), a la desintermediación financiera y un considerable sesgo anti-exportador.

Los cálculos del Palacio de Hacienda arrojan que ningún otro país del mundo recauda, como Argentina, 6 puntos del PBI, en esta clase de tributos. En este sentido, la propuesta oficial consiste en aumentar gradualmente hasta 100% el porcentaje del impuesto a los créditos y débitos bancariosque pueda pagarse a cuenta de ganancias. También el gobierno prevé trabajar en acuerdos con las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos.

  • RENTA FINANCIERA

En el Gobierno se considera que la Argentina es un caso raro en América Latina y el mundo al no alcanzar a numerosas rentas dentro de la imposición a los ingresos personales. Para avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo -afirman desde el oficialismo – la reforma propone gravar la mayor parte de las rentas financieras actualmente exentas, con tasas del 15% para las colocaciones en UVA/CER/moneda extranjera y 5% para las colocaciones en pesos, con un mínimo no imponible para preservar a los pequeños ahorristas.

Si bien en el Palacio de Hacienda reconocen que se puede de alguna manera estar gravando la inflación contenida en los rendimientos, son enfáticos en cuanto a que en todo el mundo se grava a la renta financiera, como se grava a un alquiler o cualquier otra renta. En el caso de la Argentina, como las alternativas financieras para las personas humanas están exentas, se optó por tasas “relativamente bajas” según la estimación oficial. Pero se las considera necesarias para evitar distorsiones como la de empresarios que retiraban dinero de sus compañías y realizaban inversiones a título personal porque las personas humanas hasta ahora están exentas.

Analistas financieros calculan que partiendo de una Lebac que actualmente paga aproximadamente un 27% anual, si se aplicara la renta financiera de 5% el retorno sobre este título se reduciría en 135 puntos básicos, es decir casi lo mismo que subió la tasa de referencia el Banco Central (150 puntos), comentan no sin suspicacia en el sector.

Otra de las propuestas consiste en la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles y la introducción de un impuesto a la ganancia de capital realizada con la venta de inmuebles no destinados a casa-habitación. En los considerandos de la iniciativa se señala que esta modificación reducirá los costos de acceso a la vivienda y fomentará la formalización de la actividad inmobiliaria.

  • IMPUESTOS INTERNOS

En cuanto a los impuestos internos, se propone reducir los que gravan productos electrónicos, que hace tiempo dejaron de ser artículos de lujo y se utilizan en casi todas las actividades productivas. De esta forma, la alícuota actual de 17% para celulares, televisores o monitores se reduciría a cero. Además, apunta a diferenciar la imposición entre vehículos de distinta gama, por lo que se propone reducir los impuestos para los vehículos de gama media y aumentarlos para los de alta gama. Por caso, las motos de gama media (entre $70 mil y 140 mil) tendrían una reducción del 10 al cero por ciento de la alícuota y las motos de gama alta (más de 140 mil pesos) tendrían una suba al 20%.

La iniciativa oficial toma en cuenta que el consumo de productos perjudiciales para la salud tiene costos individuales y costos sociales (daños a terceros, gastos del sistema de salud). Por esta razón se propone desincentivar su consumo (y de paso recaudar) a través del aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado. Así, para la cerveza se propone una suba del 8 al 17% de la alícuota. Los espumantes y el champaña, que estaban exentos, pasarían a pagar 17%, y lo mismo sucedería con los vinos y sidras. En el caso de las gaseosas que actualmente tributan entre 4 y 8%, pasarían a estar exentas las que no tienen azúcar añadido y 17% las que contienen azúcar.

La utilización de servicios digitales pasaría a estar gravada con el 21% IVA (reservas de hoteles, pasajes, Netflix, spotify entre otras). Desde este punto de vista, el Gobierno sigue normativas de la OCDE que proponen cobrar impuestos en los países donde se consumen estos servicios y se contempla que las tarjetas de crédito operen en el futuro como agentes de retención.

Otra de las novedades es la modificación del impuesto a los combustibles para que este dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido. El impuesto afectará al principio a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicará también sobre gas natural, GLP y carbón. Se proyecta unificar en uno sólo los impuestos a los combustibles estableciendo una suma fija que se ajustará por inflación. En la actualidad el impuesto a los combustibles varía tanto cuando se modifica el tipo de cambio como cuando fluctúa el precio internacional de los hidrocarburos. Al proponerse una suma fija se evitarían estas oscilaciones dando mayor estabilidad a los precios energéticos.

La reforma implicará una reducción en la presión tributaria nacional de 1,5 puntos del PBI al cabo del quinto año, lo que se sumará a la reducción de 2 puntos del PBI que tuvo lugar desde 2016.

Pero en el Gobierno consideran que gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía (en 0,5% del PIB adicional por año durante al menos 5 años) y con estos impactos la reforma le costará al Tesoro Nacional solamente 0,3% del PBI a la vez que aumentará los recursos coparticipados a las provincias.

(Fuente: Ámbito)

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