martes , 11 de diciembre, 2018
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La Provincia denunció a Luz y Fuerza por amenazas contra Schairetti

La presentación judicial asegura que el gremio “lanzó una serie de medidas de fuerza que incluyen amenazas directas para obstaculizar las obras en ejecución”.

La Provincia presentó ayer una denuncia contra las autoridades del Sindicato de Luz y Fuerza por amenazas e intimidaciones contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“El sindicato, a través de su secretario general Gabriel Suárez, ha anunciado una serie de medidas dentro de las cuales se incluyen amenazas directas y concretas de obstaculizar las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución, un verdadero boicot que afectará el normal desenvolvimiento de estas importantes tareas (que en esencia son obras públicas) que se realizan en beneficio de toda la comunidad”, sostiene la presentación legal.

La denuncia reconoce también “amenazas” que afectan la investidura y función del Gobernador, anunciando una persecución a todo lugar donde se encuentre”. A su vez, subraya que “afectará el normal ejercicio de la función pública que le compete en cumplimiento de la Constitución Provincial y leyes consecuentes”. “De este accionar prima facie delictivo, resultará también víctima un colectivo de personas integrado por los vecinos que viven en el mismo barrio que aquel y que verán afectados sus derechos a la seguridad, la tranquilidad y a la libre circulación”, destaca.

Cabe destacar que la semana pasada el gremio de Luz y Fuerza anunció una serie de medidas que incluían asambleas y movilizaciones a lo largo de diciembre para denunciar el “vaciamiento” de laEmpresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec).

En ese marco, anunció para hoy el cese de actividades desde las 12 y una concentración frente a la Escuela de Capacitación de EPEC en Villa Belgrano. La medida de fuerza culminaría frente al barrio cerrado donde reside Schiaretti.

La Procuración del Tesoro aclara a lo largo de la denuncia que “aunque resulta una obviedad, lo planteado bajo ningún punto de vista puede interpretarse como una limitación al derecho de huelga y libertad de expresión”. “Lo que se intenta impedir es la afectación a intereses públicos y a la seguridad pública, requiriendo se tomen medidas de restricción que impidan la ejecución de las acciones amenazadas”, expresa.

En tanto, se solicita que se remita la denuncia a un fiscal de Instrucción para que “disponga el inicio de la pertinente investigación penal preparatoria, haga lugar a las medidas probatorias y disponga con urgencia la medida de seguridad reclamada”.

 

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(Fuente: La Nueva Mañana)

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